Una semana después de la operación militar ejecutada en zona rural de Puerto Leguízamo, Putumayo, en la que murieron 11 personas (quienes fueron presentadas por el Ejército como presuntos disidentes FARC), la Fiscalía General informó que “el componente militar a cargo de la actividad conocida no reportó captura alguna ni proporcionó las actas que soporten un procedimiento de este tipo”.
El ente acusador además confirmó que “no ha puesto personas a disposición de jueces de control de garantías”. Incluso, reportó que “sólo se recibió la información sobre las tres personas heridas y una menor de edad recuperada.”
De esta manera, la Fiscalía rectificó la información entregada inicialmente por el ministro de Defensa, Diego Molano, y el general Edgar Rodríguez, jefe del Comando Conjunto Suroriente N°3, quienes habían asegurado que los ‘capturados’ harían parte de la disidencia FARC ‘Comandos de Frontera’.
En una extensa rueda de prensa en el Club Militar en Bogotá, el comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, aclaró que se dio prioridad a la evacuación de las personas que habían resultado heridos durante la operación militar en la vereda Alto Remanso, entre ellas una menor edad en estado de embarazo.
“La Fiscalía está en lo justo en decir que en ningún momento hubo una presentación de captura, porque en ese momento las tropas estaban priorizando la atención humanitaria”, señaló el general Navarro, quien reconoció que había una presencia ‘mínima’ de población civil cuando se ejecutó la operación.
Ejército insiste en que hubo combates con disidencias
Luego de las constantes denuncias de organizaciones sociales y familiares sobre esa operación en Putumayo, que califican de un ‘falso positivo’ del Ministerio de Defensa porque alertan que entre los 11 muertos que presentaron como disidentes FARC están un presidente de la Junta de Acción Comunal, un gobernador indígena, una menor de edad y varios civiles, el Ejército se mantiene en decir que la acción era contra una comisión de ‘Comando de Frontera’.
El general Juan Carlos Correa, comandante de la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército, entregó una línea de tiempo sobre la operación, en donde detalla paso a paso la ejecución de las tropas. Primero, señaló que la acción fue legítima, porque tenía un objetivo: los alias de ‘Bruno’ y ‘Managua’, cabecillas de esa disidencia, y se estaban atendiendo las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo.
Explicó el oficial que al menos 15 días antes se habían realizado labores de observación en el área, en donde Inteligencia Militar confirmó la presencia de “una estructura armada, de unos sujetos que estaban vestidos de civiles portando armas largas en ese sector”, quienes realizaron en meses anteriores actividades del narcotráfico.
Indicó el general Correa que a las 7:20 de la mañana del lunes del 28 de marzo iniciaron los combates con esa disidencia, que atacó también desde el Ecuador, al otro lado de la frontera por el río Putumayo. “Las tropas indicaron que hay un alto volumen de fuego. A parte de la amenaza que está en el sector, se determina que están abriendo fuego desde el otro lado del río. Es decir, parte de la estructura efectúa disparos también hacia las tropas del Ejército”, informó el general Correa.
Señaló que al menos dos horas duraron los combates entre las disidencias y el Ejército Nacional, en donde también resultó herido en su brazo un soldado, quien relató que al menos 15 personas vestidas de civil los estaban atacando. “Se pidieron apoyos de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional para evitar que haya refuerzos por parte de la disidencia”, detalló el general Correa.
“Alguna parte de la población empezó a tornarse violenta no solamente contra el CTI de la Fiscalía y las tropas del Ejército. Se pidió autorización para extraer todo el personal, porque iba a ver una confrontación. Es crítico que en esta asonada se intentaba impedir los trabajos de actos urgentes de la Fiscalía”, denunció el general Correa, quien informó que se incautó material de guerra, como armas de fuego, municiones y granadas.
MinDefensa defendió la operación del Ejército
El ministro de Defensa, Diego Molano, manifestó que el Gobierno del presidente Iván Duque actúa acorde a la Política Nacional de Seguridad y Defensa en apego al Derecho Internacional Humanitario.
“Buscamos disminuir la amenaza de grupos criminales que afectan a los colombianos. Se estipularon las doctrinas y planes operativos en estricto apego a la constitución y el derecho internacional humanitario”, señaló.
Enfatizó que se trata de una operación legítima, porque “fue planeada por más de 5 meses, con información de inteligencia de nuestra armada y ejército, se identificó dónde operaban los cabecillas, de desarrollo con todos los protocolos y se hizo con orden de captura”.
El funcionario manifestó que estaba “una amenaza latente para la comunidad, el deber y obligación de los militares es actuar cuando están amenazadas la vida y tranquilidad de los colombianos. Había alertas de Defensoría señalando que había que actuar frente a la estructura que afectaba la vida de los pobladores de la zona. En varios de los consejos de seguridad se plantea la necesidad urgente de debilitar esta estructura”, indicó.