A pesar de las múltiples denuncias realizadas por organizaciones, asociaciones y empresas del sector de la salud, en la tarde del miércoles 25 de enero lograron conocerse algunos puntos de la nueva reforma a la salud, estructurada por el ministerio en cabeza de Carolina Corcho.
El documento no solo pretende suprimir la figura de las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) e instaurar, en su lugar, la cadena de atención que inicia por los Centros de Atención Primaria (CAP), sino también redistribuir funciones entre las entidades de salud existentes y las que nacerán a partir de la reforma.
Es así que, los 87 billones de pesos que entran a las arcas del Estado a través de los aportes de los regímenes contributivo y subsidiado, pasarán a ser administrados por el Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), entidad que actualmente adelanta las verificaciones para el reconocimiento y pago de prestaciones sociales y de otro tipo.
Lo anterior, sacando de la formula a las EPS y entregando directamente el dinero a una nueva entidad: el Fondo Regional de Seguridad Social, para que de esta manera reparta el presupuesto en cada departamento. Configurándose (el Adres) como una de las entidades con más poder y manejo de dineros.
Paralelo, la reforma plantea la creación del el Consejo Nacional de Salud, entidad en la que 41 consejeros de alto nivel discutirán la creación de políticas públicas en el sector de la salud, asesorando al ministerio y ayudándolo a delimitar una nueva hoja de ruta.
Pero también existirán versiones de este consejo a nivel local, entidades que tendrán la potestad de proponer y desarrollar nuevas políticas públicas, acordes con las necesidades de salud para cada población. Atendiendo las recomendaciones de los CAP en materia de promoción en salud y prevención de la enfermedad.
Cinco representantes del Gobierno nacional, tres de la Secretaría de Salud, dos del sector empresarial, dos de las centrales obreras, uno de las grandes empresas, otro de las pequeñas y medianas y voceros de las asociaciones campesinas, pacientes, pensionados, y comunidades étnicas y LGBTQI+, conformaran la mesa del consejo.
Todos se reunirán de manera trimestral para discutir, basados en las necesidades de su comunidad, cómo se repartirá el presupuesto y qué políticas públicas deberán adoptarse y, para ello, los representantes que no vengan de parte del Gobierno recibirán dineros adicionales para cubrir sus gastos de funcionamiento, honorarios, desplazamientos y soporte técnico.
En la reforma no se menciona una cifra, pero, desde ya, se supone que, independientemente del monto, será cubierta con los aportes que toda persona, sin importar su forma jurídica, deberá realizar; es decir, trabajadores, cuentapropistas, rentistas e independientes; al igual que las empresas, cuyos aportes dependerán de los contratos logrados. Mientras que, para el caso de las personas, dependerán de sus ingresos.
De no realizar sus aportes a la seguridad social, automáticamente se generará una deuda con el Estado que, aunque exigible, en ningún caso podrá excluir a quienes no hayan pagado de los sistemas de salud; llámese atención médica, toma de exámenes, desarrollo de procedimientos y/o intervenciones al paciente. / Infobae