Irene Vélez, ministra de Minas y Energía, dio a conocer el acuerdo con el que el Gobierno Petro espera bajar la tarifa de la energía. Las medidas a corto y mediano plazo buscan mitigar el incremento que ha golpeado el bolsillo de los colombianos, particularmente en la región Caribe.
En los últimos 12 meses la electricidad subió 25,9 %. Las causas son varias, en el caso del Caribe, donde el aumento es de más del 40 %, las llamadas pérdidas no técnicas son protagonistas.
“Hoy anunciamos al país que antes de finalizar el año los colombianos verán una reducción en su tarifa de energía”, dijo la ministra. El acuerdo llega después de 23 reuniones, diálogos con asociaciones, veedurías, autoridades locales y congresistas del bloque Caribe.
La viceministra de Energía, Belizza Ruiz, informó que el acuerdo tiene varias partes. Se trata de tres medidas regulatorias emitidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).
La primera, proyectada a 12 meses, busca involucrar a todos los actores de la cadena de la electricidad en la reducción de las tarifas eléctricas y aliviar la carga de los comercializadores (los que recaudan el dinero de las tarifas).
Para lograrlo, como informó Ruiz, se le permitirá a los comercializadores diferir el 20 % de las obligaciones que tengan con los generadores, transmisores y distribuidores entre septiembre y diciembre de 2022. El periodo con el que contaran para pagar los dineros diferidos es de 18 meses.
“Hemos encontrado motivación de las empresas apoyando las medidas porque entienden el clamor de la rebaja de las tarifas”, añadió la viceministra.
La segunda resolución (701 018) entra en vigor en cinco meses. “Esta generó inquietudes en las empresas, particularmente termoeléctricas, todas fueron escuchadas. Es una medida que tendrá un periodo transitorio, en cinco meses evaluaremos qué pasa en ese periodo”.
Ese segundo documento atiende la variable restricciones de la fórmula tarifaria. El objetivo es “optimizar la operación de las plantas termoeléctricas según el número de unidades y la potencia de cada una de ellas”.
Finalmente, la tercera resolución (701 019), proyectada a 12 meses, influye en las variables de transmisión y distribución. Desde ahora, se tomará el indexador mínimo entre el Índice de Precios al Productor (IPP), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) o un valor que presenten los operadores.
El IPP ha estado en el centro de la discusión porque su variación anual para agosto fue del 30,02 %, teniendo en cuenta los efectos de la guerra en Ucrania, entre otras cosas. Un aumento atípico, según expertos. Ahora, no será obligatorio usar este índice, como aseguró la viceministra, “las empresas podrán elegir”.
El último documento también afectará la tasa de crecimiento de la opción tarifaria para el primer mes después de que se apruebe la resolución. En palabras sencillas, antes debía aumentar 0,6 % o más, ahora el valor podrá ser de 0 % o incluso negativo. “Las empresas tendrán herramientas para que puedan operar internamente y esto redunde en la baja en las tarifas”.
Camilo Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), afirmó que el centro son los usuarios. “En las tarifas del mes de noviembre se verá reflejada esa disminución que será fundamental. También debemos tener claridad de que debemos buscar el mejor indexador”, agregó.
“Escuchamos el clamor de las y los colombianos de todos los rincones de nuestro país, en particular de los siete departamentos del Caribe, que por años han visto su economía afectada por cuenta de los altos costos en sus facturas de energía. Esta es una problemática heredada e insostenible, pero hoy podemos decir con orgullo que este Gobierno plantea soluciones y no seguirá aplazando los problemas. Estos alivios son el primer peldaño de un proceso de estabilización en el que el usuario final es el centro”, concluyó la Ministra Vélez.