Por: José Félix Lafaurie Rivera
@jflafaurie
Que la tierra no paga impuestos, mentira; que no paga lo que debiera, también mentira, porque, además, tampoco recibe del Estado lo que debiera.
Que la tierra no paga impuestos, mentira; que no paga lo que debiera, también mentira, porque, además, tampoco recibe del Estado lo que debiera.
Si algo les indigna, o mejor, les da física “rabia” a quienes viven en el campo, dedicados a la agricultura o la ganadería; pequeños o grandes productores de comida para los colombianos o para exportar, en medio de grandes necesidades insatisfechas para vivir y producir sin que a nadie parezca importarle, es que, encima de todo, los acusen de que la tierra no paga impuestos, que ellos no pagan predial o no pagan lo que debieran.
¿Qué no pagan? Si se trata de predios formalizados es una mentira infame, y si hay morosos, pues a las autoridades municipales les corresponde cobrar el predial por todos los medios legales. Si se trata de predios no formalizados, sin escrituras, que efectivamente no pagan, el responsable es el Estado, por su incapacidad para garantizar el registro notarial y catastral de todos los inmuebles, aunque no sea fácil en la llamada Colombia profunda, donde ejercen soberanía las mafias del narcotráfico, pero en departamentos sin violencia, como Boyacá, por ejemplo, no hay derecho a que, según el IGAC, el rezago catastral sea del 75%.
¿Qué no pagan lo que debieran?, una acusación que les cae a los predios con escrituras y avalúo catastral, no es sino otra mentira de las narrativas de la izquierda contra los propietarios de la tierra y, sobre todo, contra los ganaderos. En Colombia, el catastro rural en 2001 sumaba 30 billones de pesos y en 2021 se había multiplicado por siete y alcanza los 212 billones; y como el catastro es la base del predial, pues el recaudo de este impuesto también se ha multiplicado por siete, o más, pues los Consejos municipales deciden su cuantía dentro de rangos del 1 al 16 por mil.
A este debate, más político que económico, le caben dos grandes preguntas. La primera se devuelve contra los acusadores. Si la tierra formal paga impuesto predial a los municipios, ¿qué recibe el sector rural de los municipios?
Un pequeño ganadero de un pueblo cercano a Bogotá me contaba que lo quieren embargar por un año de predial en mora, pero me hacía notar que vive algo lejos del pueblo por carretera destapada y, en los últimos tres años, por allá no ha visto un policía, ni un viaje de recebo ni una motoniveladora, la luz es de Codensa, el agua de acueducto veredal y ni la basura pasa por su finca, pero el sí hace mercado, compra insumos y gasta en el pueblo, sin recibir nada a cambio, porque su predial… se queda en el casco urbano. Esa no es la excepción, sino la norma, por lo que la ley debería obligar a los municipios a que, como mínimo, un 75% del predial rural se reinvierta en el sector rural.
La segunda pregunta: además de los predios informales, ¿quiénes no pagan? Releyendo el clásico de Indalecio Liévano sobre los grandes conflictos de nuestra historia, encontré que la primera Reforma Tributaria la hizo Venero de Leyva en 1591, y en ella se definía “el género de impuestos a que estaban obligados los indios”. Hoy, cinco siglos después, hay 710 resguardos con 35 millones de hectáreas para 1,9 millones de indígenas, es decir, el 30% del territorio para el 4,4% de la población; pero ellos, además de ser los más grandes propietarios de tierras y de recibir 2,5 billones al año…, ¡no pagan predial!, pues los municipios se lo cobran al Presupuesto Nacional, es decir, lo pagamos entre todos con nuestros impuestos.