Duros cuestionamientos hicieron los ministros de Educación, Alejandro Gaviria; Agricultura, Cecilia López; Hacienda, José Antonio Ocampo, y el director de Planeación Nacional, Jorge Iván González; al proyecto de reforma al sistema de salud del Gobierno del presidente Gustavo Petro.
Los funcionarios elaboraron un documento de 17 páginas donde alertaron dificultades financieras; insistieron en que se privilegie un modelo mixto de aseguramiento con EPS públicas, privadas o mixtas; y que el trámite del proyecto debería hacerse a través de una ley estatutaria y no como una iniciativa ordinaria.
Para los ministros, hay preocupación frente a los eventuales impactos fiscales del proyecto y sus implicaciones en el presupuesto de la Nación. Según los cálculos, con la reforma los gastos adicionales por atención primaria pasarían de $16,9 billones en 2023, a $31,3 billones en 2030. Sin la reforma, el costo sería únicamente de $8,8 billones el primer año y de 10,8 en ocho años.
Otro asunto que preocupa a los ministros son los gastos en dotación de infraestructura y equipos para los Centros de Atención Primaria, CAP , que llegaría a los 5,1 billones de pesos en 2030 con un impacto fiscal de 4,8 billones pero que sin la reforma sería de apenas 3 billones en ocho años.
Asimismo, los ministros califican como innecesario que se garantice el acceso a los servicios de salud para extranjeros (entre ellos migrantes venezolanos) y turistas, pues generaría un “elevado riesgo financiero para el sistema” de 6,1 billones de pesos. El concepto de los ministros es que se les debe exigir que adquieran seguros de salud.
La eliminación de los copagos y las cuotas moderadoras dejaría un hueco cercano al billón de pesos y según los ministros, el Gobierno no puede modificar esta parte de la Ley porque esa es competencia del Congreso de la República y no resistiría un estudio de constitucionalidad.
En conclusión, de realizarse la totalidad de los gastos propuestos por la reforma el costo fiscal de la iniciativa sería el primer año de alrededor $16,9 billones adicionales y para el segundo de 21,8 billones. Ente 2025 y 2028 los gastos e incrementarían, en promedio, en 2 billones al año.
Alejandro Gaviria, ministro de educación, habló así la semana pasada de sus sugerencias a la reforma a la salud: “El país conoce bien que hemos tenido discusiones internas. Yo he defendido desde el principio un gabinete plural, he dicho que en un gobierno de coalición la discusión es importante, pero también la flexibilidad programática”.
Desde este lunes se reúnen los coordinadores ponentes de la reforma a la salud de la comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Por el lado de los coordinadores hay congresistas de los partidos Pacto Histórico, Partido Liberal, Alianza Verde y el Partido Conservador.
En cuanto a los ponentes, hay representantes del Partido Comunes, Circunscripción de Paz, Cambio Radical, Partido de la U y el Centro Democrático. En contravía de lo que han planteado Petro y Corcho, los ministros Gaviria, Ocampo y López insistieron en que se debe mantener un modelo mixto de aseguramiento social en salud, manteniendo la competencia de las EPS.
Desde diferentes orillas políticas piden que haya una discusión seria sobre el articulado del proyecto pues hay dudas respecto a que la ministra Carolina Corcho haya incorporado las sugerencias de algunas sociedades de médicos y pacientes e incluso de ministros del despacho como la ministra de Agricultura, Cecilia López, para quien es importante conservar un modelo mixto entre EPS públicas y privadas.
Hace dos semanas, el 15 de febrero, el ministro de hacienda, José Antonio Ocampo, envió un mensaje al alto Gobierno en el que precisó que todas las reformas tendrán que ser coherentes con la regla fiscal.
La regla fiscal es un mecanismo que ordena al Estado a medir sus gastos, los cuales no pueden superar los ingresos de la Nación: “Estamos firmemente comprometidos con el cumplimiento de la regla fiscal del país, y eso significa que todas las reformas en curso, es decir, las reformas agraria, salud y pensional tendrán que ser coherentes con la regla fiscal que es una norma que el Gobierno tiene que acatar porque es exactamente de origen legal”, dijo el ministro José Antonio Ocampo.
El expresidente Álvaro Uribe, desde Sincelejo (Sucre), llamó al partido Centro Democrático a promover una consulta popular para que los colombianos decidan sobre la reforma a la salud. Uribe quiere que los colombianos decidan si quieren tener libertad de afiliación a EPS públicas, privadas, cooperativas, mutuales y hospitales públicos, privados. Según el expresidente, se deben respetar los fundamentos del actual sistema, que es solidario y mixto, pero que se permitan reformas en materia de prestación de servicios y cobertura en salud en todo el país.
“La posibilidad de promover una consulta a los colombianos, una consulta que respete la naturaleza solidaria y mixta del actual sistema, la posibilidad de que los colombianos tengan la libertad de afiliación, de que haya EPS públicas y privadas”, solicitó.
El expresidente Uribe publicó un borrador en el que plasmaba 17 consideraciones sobre la reforma a la salud y allí plantea que “la solidaridad y la eficiencia social son más alcanzables en los sistemas mixtos que en los monopolios estatales».