La Defensoría del Pueblo hizo un llamado a las entidades nacionales y departamentales ante la difícil situación que se vive en el municipio de Nóvita, Chocó, en medio de un paro armado adelantado por el Ejército de Liberación Nacional (Eln).
Denunciaron el confinamiento de unas 5.000 personas del casco urbano, sumado a otras 600 que han debido abandonar sus casas de las zonas rurales por cuenta de los enfrentamientos entre el Eln y las denominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
«Hecho que ha impedido la movilización de las caravanas que tienen como objetivo llevar todo tipo de asistencia humanitaria a las personas en situación de desplazamiento y a las que viven en el casco urbano, familias que también han hecho las veces de receptoras para dar vivienda temporal a quienes tuvieron que dejar abandonados su bienes y enseres», dijo la entidad.
Según sus reportes, no hay paso ni fluvial ni terrestre para el municipio porque hay una orden impuesta por los grupos ileales. La Defensoría busca de manera urgente abrir un corredor humanitario que permita la llegada de alimentos, medicinas y otros implementos.
«Es un llamado urgente que la Defensoría del Pueblo hace para que sean protegidos y garantizados los derechos a la alimentación, al agua potable, a la libre movilidad, a la salud y a la vida de las personas que están en unas condiciones que se están tornando lamentables», puntualizaron.
Habitantes de Nóvita han marchado en los últimos días y han exigido paz en su territorio. La Alcaldía se ha unido al llamado: «El pueblo se encuentra marginado del resto del departamento. Ya hay desabastecimiento y la incertidumbre no cesa. Queremos prontas soluciones».
Además de los enfrentamientos entre grupos armados que impiden la movilidad de la población, la situación se ha agravado porque un puente vehicular en el municipio de Río Iró colapsó hace más de 20 días y no ha sido restaurado.
La Defensoría extiende el llamado para que el Eln ponga fin al paro armado y «avance en la búsqueda de paz», teniendo en cuenta que el confinamiento y desplazamiento de habitantes van en contravía del Derecho Internacional Humanitario.