Dos ex ministros del Gobierno de Gustavo Petro deberán ir a la cárcel por haber participado en el entramado de corrupción de la Ungrd. Se tratan de Luis Fernando Velasco, quien estaba al frente del Ministerio del Interior, y de Ricardo Bonilla, de Hacienda.
La decisión la tomó este jueves 18 de diciembre el Tribunal Superior de Bogotá argumentando que ambos exfuncionarios representan un riesgo para el desarrollo de la investigación, razón por la cual la magistrada del despacho ,Aura Alexandra Rosero, negó la medida de detención domiciliaria que había pedido la defensa y señaló que la medida de aseguramiento en centro carcelario es “idónea y necesaria para los imputados”.
Ante esta decisión, los representantes de ambos exministros anunciaron que apelarán la medida. Además, vale mencionar que en este caso tanto la Fiscalía como la Procuraduría pidieron la detención domiciliaria de los ex jefes de cartera. Por esto, el Ministerio Público presentará recurso de reposición y apelación.
En su momento,, Mauricio Pava, apoderado de Bonilla, advirtió que el economista no es un peligro para la sociedad: “Durante todos estos meses demostramos que el profesor Bonilla no se fugaría, que encararía la justicia con dignidad, respeto e integridad, y así lo reconoció la Fiscalía al pedir detención domiciliaria”.
Agregó que las declaraciones de los ex directivos de la Ungrd, Olmedo López y Sneyder Pinilla, “han sesgado el caso en busca de beneficios y han orientado la narrativa contra el profesor Bonilla (…). El caso contra el profesor Bonilla no es de maletines de dinero ni de coimas, y no hubo contratos”.
Los argumentos del Tribunal
Bonilla y Velasco son señalados de supuestamente haber entregado contratos a allegados a congresistas para asegurar votos favorables para las reformas sociales y las operaciones de créditos públicos del gobierno del presidente Gustavo Petro.
En medio de su intervención, la togada del Tribunal Superior de Bogotá había mencionado que tanto Bonilla como Velasco “no actuaron de manera episódica ni aislada, sino que habrían integrado desde posiciones de liderazgo un acuerdo criminal organizado, orientado a la comisión reiterada de delitos contra la administración pública”.