La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación una presunta estafa y falsedad documental por parte de 36 Instituciones Prestadoras de Salud (IPS).
Estas entidades habrían facturado servicios médicos por un total de $79.511 millones, alegando atención a víctimas de accidentes de tránsito de vehículos sin SOAT, sin contar con la infraestructura física necesaria para brindar dichos servicios.
Las auditorías realizadas por la Adres desde 2023 revelaron que estas IPS no disponían de instalaciones adecuadas en las sedes reportadas. Ante estas irregularidades, el 12 de septiembre de 2024, la Adres ordenó suspender los pagos a 52 IPS que habían presentado cuentas por más de $70.000 millones.
De estas, 26 no presentaron recurso de reposición, consolidándose la suspensión de pagos; a diez que sí lo hicieron, se les resolvió de manera desfavorable, y tres más están en proceso de notificación. La mayoría de estas IPS se ubican en la región Caribe, distribuidas en 28 municipios del Atlántico, cinco en Córdoba y uno en Magdalena.