Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Julián Gallo, Jaime Parra, Rodrigo Granda y Milton de Jesús Toncel, ex jefes guerrilleros y miembros del antiguo secretariado de las extintas FARC, entregaron hoy a la JEP un documento de 300 páginas en donde asumen, de manera formal, su responsabilidad en el Caso 01, conocido ahora como Toma de rehenes y graves privaciones de la libertad cometidas por esa guerrilla.
Julián Gallo, conocido como Carlos Antonio Lozada y ahora senador por el partido Comunes, reconoció que sí hubo una política de secuestros que tenía como fin cuatro objetivos: financiamiento de la organización, lograr un intercambio humanitario, control territorial y de la población civil y en el marco de los enfrentamientos con la fuerza pública, para obtener ventaja militar.
Gallo añadió que se realizaron siete versiones colectivas territoriales, en las que se explicó, para cada antiguo Bloque de las FARC-EP, cómo funcionó la política de secuestro. “Reconocemos que, pese a que estaba prohibido por la organización, ocurrieron malos tratos en contra de las personas secuestradas”, dijo.
Por su parte, Pastor Alape, otro de los ex jefes guerrilleros, asumió que la extinta guerrilla transgredió el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y que estas conductas nunca debieron ocurrir.
“Más allá de errores, fueron transgresiones al DIH. En nuestra condición de revolucionarios tenemos el compromiso ético y moral de asumir la responsabilidad y de marcar un direccionamiento hacia el futuro para que no se repita esta tragedia y sigamos avanzando en la construcción de la paz”, señaló Alape.
Cabe recordar que Juan Hermilo Cabrera, quien también fue imputado por la JEP, falleció horas antes de que se diera a conocer el auto 019 de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad.
El documento que este viernes presentaron los ex jefes guerrilleros incluye el reconocimiento individual por parte de cada uno de los integrantes del antiguo Secretariado, quienes fueron llamados a responder ante la JEP.
También se hace referencia a las solicitudes realizadas sobre la información y búsqueda de personas dadas por desaparecidas cuando padecieron el secuestro.
Los integrantes del Secretariado FARC deben responder, según el caso particular, por los crímenes de guerra o lesa humanidad de homicidio, tortura y tratos crueles cometidos durante los secuestros que ejecutaron.
Por último, solicitaron a la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP, con el fin de hacer efectivo los principios de transparencia y publicidad de los procesos adelantados por esa jurisdicción, que se haga público el documento completo de respuesta al Auto 019 de 2021, guardando la confidencialidad y garantizando los derechos de las víctimas.