A través de sus redes sociales, el presidente de la República, Gustavo Petro, anunció que el Gobierno Nacional y las disidencias de las Farc han llegado a un acuerdo para establecer una zona de paz en la zona rural de Tibú, en el departamento de Norte de Santander.
Luego de varios meses de diálogo, el acuerdo fue formalizado mediante la firma de un documento entre delegaciones del Gobierno y los bloques de las Farc Comandante Jorge Suárez Briceño, Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte y Frente Comandante Raúl Reyes.
Según lo estipulado en el acuerdo, se delimitará geográficamente una Zona de Ubicación Temporal (ZUT), en la cual se garantizará la vigencia del Estado Social de Derecho y el funcionamiento pleno de las instituciones. Estas entidades serán protagonistas en los procesos de transformación territorial acordados en la mesa de diálogo.
“Para definir la ZUT, se analizaron y evaluaron las propuestas de ambas partes, y finalmente se concertó su ubicación considerando las condiciones de seguridad, logística, geografía y administración necesarias para atender las necesidades básicas de permanencia temporal del Frente 33”, señala el documento.
El presidente Petro enfatizó que este avance representa un paso importante dentro de su política de Paz Total, cuyo objetivo principal es lograr que las guerrillas entreguen las armas y cedan el control que aún ejercen sobre varias regiones del país.
En su informe, la entidad de control advirtió que estas prácticas generan no solo un daño patrimonial al Estado, sino que afectan la continuidad y calidad de los servicios públicos en zonas que ya enfrentan serios desafíos en infraestructura básica.“El incumplimiento de los marcos normativos y la debilidad en los controles internos están deteriorando la confianza ciudadana y dejando a miles de colombianos sin acceso efectivo a agua potable y saneamiento”, señaló un vocero de la Contraloría. En respuesta, la entidad anunció que se han configurado 13 hallazgos fiscales y 6 con presunta incidencia penal relacionados con el uso indebido de estos recursos en el país, y que se iniciarán las respectivas acciones para que los responsables respondan ante las autoridades competentes.
