En una sesión virtual debido a la contingencia del coronavirus, la Comisión Primera, aprobó en quinto debate el proyecto de acto legislativo que modifica la Constitución Política para implementar la cadena perpetua para violadores de niños, reformando el artículo 34 que dice: «Se prohíben las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación».
El proyecto tiene que estar aprobado en su totalidad antes del 20 de junio, cuando se termina este periodo legislativo. Esta iniciativa, entonces, debe superar otros tres debates.
La ponente de la iniciativa, Adriana Matiz, del Partido Conservador, expuso las razones por lo que, según ella, se debe aprobar este proyecto.
«Este proyecto contempla que la pena debe ser revisada a los 25 años de prisión con el fin de resocializar a la persona y esto es supremamente importante porque, al no incluir la figura de la revisión, la pena incumplía una de sus principales funciones, que es la de la resocialización, la cual fue requerida en varias oportunidades por el Consejo de Política Criminal durante el trámite de la primera vuelta de este proyecto de acto legislativo», manifestó la representante tolimense.
El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, quien participó en el debate en la Cámara de Representantes, insistió en que el legislador debe concentrarse en optimizar la aplicación de la justicia por encima del aumento de penas.
A su turno, la ministra del interior, Alicia Arango, le pidió al Congreso de la República aprobar el proyecto y afirmó que la violación de menores de edad es uno de los flagelos que aqueja al país.
«Cada tres horas violan a un niño en Colombia y el 87,4% de los casos reportados de violación en el país son contra niños. Se han presentado 5.713 embarazos no deseados en niñas a causa de la violación, presentándose la mayoría de los casos en los departamentos de Valle del Cauca, Antioquia, Atlántico y Cauca», señaló la ministra del Interior.