Luego de la tercera jornada de votaciones en la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, los magistrados no han logrado el consenso necesario para nombrar a la nueva fiscal General de la Nación. Las jornadas han estado precedidas por llamados desde el Gobierno de Gustavo Petro para que haya celeridad en la elección para evitar la interinidad en el ente acusador, en la que entró desde el 13 de febrero.
Durante la jornada del 22 de febrero, tampoco hubo humo blanco, pero, según dijo el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Gerson Chaverra, una de las ternadas empezó a ganar terreno en los 23 magistrados de la Sala Plena: Amelia Pérez Parra, que, en las rondas, logró 12 y 13 votos.
“Hoy hubo un avance bastante importante en el marco de las votaciones, en el sentido de que se diluyó de manera significativa el voto en blanco y una de las aspirantes pudo obtener un número importante de votos”, advirtió el magistrado Chaverra, a la salida de la Corte Suprema a varios medios de comunicación, para añadir que es probable en la próxima Sala Plena, el siete de marzo, pueda haber humo blanco.
¿Quién es Amelia Pérez Parra?
De las ternadas, la abogada Amelia Pérez Parra sería, virtualmente, la próxima fiscal General de la Nación. Claro, en caso de que la tendencia que empezó a consolidarse en la jornada del 22 de febrero, se mantenga. Por lo que es importante conocer quién es la mujer que llegaría a ocupar el segundo cargo más poderoso del país, después del presidente de la República.
Pérez Parra nació el 11 de julio de 1957, tiene 66 años. Este dato, que parecería innecesario, cobra relevancia, pues hay versiones que advierten que los magistrados de la Sala Plena se están decantando por ella, ya que está cerca a cumplir los 70 años, edad de retiro forzoso de los servidores del Estado, como lo establece el concepto 232811 de 2022 del Departamento Administrativo de la Función Pública.
Abogada, especialista en criminología y derecho penal, comenzó su carrera pública como juez promiscua municipal, entre 1987 y 1992 fue jueza de instrucción criminal y aterrizo en la Fiscalía, como fiscal delegada ante los jueces del circuito y delegada ante los jueces regionales. También fue fiscal especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y de la Unidad Territorial.
Por sus manos pasaron los expedientes del Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano; los hermanos Vicente, Fidel y Carlos Castaños, impulsores del paramilitarismo y jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia; investigó las masacres de El Aro, Trujillo y Pichilín en los años noventa y el atentado al Club El Nogal, en 2003. Ese año, el 23 abril, la vida de Amelia Pérez Parra, que tenía precio, cambió, pues tuvo que exiliarse en Canadá.
Como juez le tocó el homicidio del candidato presidencial Jaime Pardo Leal, que le asignaron cuando estaba en Pacho (Cundinamarca), en donde conoció el verdadero poder del narcotráfico, que controlaba todo. Durante una de las audiencias, los presuntos autores del asesinato de Pardo Leal llegaron armados intentándola intimidar. La jueza no se dejó amilanar, le quitó las armas, les tomó las declaraciones, pero, a la salida, la abordaron para asesinarla. Desde entonces tuvo esquema de seguridad, y se fue del municipio.
Después pasó a ser jueza en Bogotá y le llegaron nuevos casos pesados, como el asesinato del defensor de derechos humanos Alirio Pedraza, y luego fue nombrada fiscal durante la administración de Alfonso Gómez Méndez, integrando la Unidad de Derechos Humanos. Desde allí puso en cintura al comandante de la Brigada XVII del Ejército Nacional Rito Alejo del Río, al zar de las esmeraldas, Víctor Carranza.
En 2003, el fiscal General de la Nación Luis Camilo Osorio la hostigó, calumnió y quitó su esquema de seguridad, y se convirtió en una de las fiscales más amenazadas del país a principios de siglo XXI. En Canadá estuvo hasta 2012, allá guardó el diploma y la tarjeta profesional, y tuvo que lavar platos, cuidar niños y hacer aseo en hoteles. Lejos estaba su carrera profesional y su país.
Desde su regreso a Colombia se dedicó a la academia y fue consultora de derechos humanos durante la Alcaldía de Gustavo Petro, que, en agosto de 2023, la sacó del anonimato y la puso de nuevo bajo los reflectores al ternarla para reemplazar a Francisco Barbosa en la cabeza de la Fiscalía General de la Nación.
“Fundamentalmente este es un convenio para atender 6.025 estudiantes, todos ellos de la zona rural dispersa de difícil acceso del departamento del Cesar, vamos a atender 14 municipios en las veredas y corregimientos más lejanos”, precisó Monseñor Óscar José Vélez Isaza.
