La delegación fue citada de emergencia en Casa de Nariño, donde se reunió con el presidente Gustavo Petro, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, el equipo negociador de Paz y la cúpula Militar y Policial.

Tras poco más de tres horas de reunión, la delegación envío un comunicado en el que afirmaba que desde el comienzo del proceso de las conversaciones con el ELN, “el Gobierno Nacional ha cumplido a cabalidad todos sus compromisos”. Además, afirmaba que estaba en manos del ELN “valorar lo avanzado en el proceso, los compromisos cumplidos por el gobierno y sus propios esfuerzos en función de la paz”.

La delegación también dejó claro que esa comunicación del ELN era una decisión unilateral y que, por tanto, era su entera responsabilidad. Esas decisiones “conducen a generar crisis innecesarias que prolongan la confrontación armada y la violencia que sufren las comunidades, así como a debilitar la confianza de la sociedad colombiana en su voluntad de paz”.

Según lo explicado sin muchos detalles por la guerrilla, el motivo de discordia estaría relacionado con el proceso nacional de participación de la sociedad. El ELN se refiere a una propuesta que hace unos días lanzó Luis Alfonso Escobar, gobernador de Nariño, sobre un diálogo regional con frentes de esa guerrilla.

“En la primera semana de marzo instalaremos la primera mesa de paz regional con un actor armado y eso nos significa otra victoria temprana de las que nos hemos planteado como gobierno departamental y es hacerle entender al país y al mundo que una cosa son los diálogos a nivel nacional y otra cosa es territorializar la paz”, afirmó Escobar.

Sobre esto, el ELN cuestionó el diálogo regional en Nariño. “Habiendo pactado un proceso nacional de participación de la sociedad, ahora monta un diálogo regional en Nariño por fuera de dicho proceso nacional y desconociendo la Delegación del ELN y la mesa, donde participa la comunidad Internacional oficiando como garantes, así como también la ONU y la Conferencia Episcopal colombiana”.

El ELN se refiere al Comité Nacional de Participación, un mecanismo acordado por las partes para que la sociedad civil participe en el proceso, que consiste en una serie de encuentros sectoriales, gremiales y territoriales para que la gente pueda llevar sus propuestas para transformar a Colombia. Hasta ahora se han llevado 53 de los 77 encuentros, pero aún faltan algunas instancias para esas ideas puedan llegar a la mesa y, sobre todo, para que se pongan en práctica.

En su comunicado, la delegación del Gobierno no solo apoyó la idea de esos diálogos regionales, sino que dijo que alienta este tipo de iniciativas de mandatario locales. “El Gobierno Nacional ha definido claramente como una de sus prioridades desarrollar la paz en los territorios. En este sentido, respeta y alienta las iniciativas que mandatarios locales lideran para proteger a la población y realizar transformaciones sociales. La conducta y posición que asumen con relación a estas iniciativas los frentes y estructuras del ELN, no dependen ni son inducidas por el gobierno nacional, sino que responden a los clamores de comunidades cansadas de la violencia en el territorio”, dice el texto.

Por último, la delegación dice que siempre ha estado dispuesta a encontrar salidas ante las situaciones críticas y las dificultades que ha enfrentado la mesa de diálogos, y que se mantiene en “plena disposición de avanzar en el desarrollo de estos compromisos”.

En su segunda oportunidad como funcionaria de la Casa de Nariño, Laura Sarabia llega con importantes cambios en la estructura de funciones del Departamento Administrativo para la Presidencia.

Según pudieron conocer los medios de comunicación, desde la llegada de Laura Sarabia, el DAPRE asumirá algunas de las funciones que tenía la jefatura de Gabinete, cargo que se encuentra vacante desde el escándalo por el robo de dineros, interceptaciones e interrogatorios a la trabajadora doméstica de Sarabia.

Los cambios se han aprobado a través del Decreto 0155 del 13 febrero de este año, donde la Presidencia modifica dos numerales del artículo 16 del Decreto 2647 de 2022, que definían tareas de la jefatura de gabinete y que ahora pasarán a manos del Dapre. En ese sentido, las funciones del Departamento buscarán cumplir con dos propósitos en el funcionamiento de la Presidencia: vigilar y coordinar la seguridad del presidente y realizar apoyo de protocolo y administración de recursos.

En su primera función, el Dapre estará a cargo de: “identificar, evaluar y adoptar, en coordinación con las correspondientes autoridades, la Unidad Nacional de Protección y la Dirección Nacional de Inteligencia, en el marco de sus competencias legales y reglamentarias, las medidas que prevengan y mitiguen situaciones las cuales comprometan la seguridad, vida e integridad del Presidente y Vicepresidenta de la República y sus familiares”, dice el texto

En cuanto al protocolo y temas administrativos establece: “coordinación con la Casa Militar los protocolos de seguridad y administración de recursos frente a la agenda y eventos que desarrolle el presidente y vicepresidenta de la República y sus familiares, adoptando medidas de seguridad que garanticen su vida e integridad física, en coordinación y articuladamente con la Jefatura de Despacho Presidencial, la Policía Nacional, las Fuerzas Militares, la Unidad Nacional de Protección y la Dirección Nacional de Inteligencia, en el marco de sus competencias legales y reglamentarias”, señala el decreto.

Laura Sarabia es la tercera persona que ocupa este cargo durante la Presidencia de Gustavo Petro, luego de Mauricio Lizano, hoy ministro TIC y Carlos Ramón González, de quien aún se desconoce si seguirá siendo parte del Gobierno.

Un reciente informe de la Contraloría General de la República, reveló el monto de la deuda acumulada por 25 billones de pesos por parte de 26 Entidades Promotoras de Salud (EPS) con las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y proveedores.

Con corte a octubre de 2023, no solo destaca las cifras abrumadoras de las deudas, sino también la preocupante gestión de las reservas técnicas y los pasivos administrativos.

El panorama es especialmente sombrío para 16 de estas EPS, que representan el 61.5% del total, al presentar indicadores de margen de solvencia no satisfactorios. Además, incumplen con la provisión y el Régimen de Inversión de las Reservas Técnicas, violando así los tres Requisitos para Operar establecidos: capital mínimo, patrimonio adecuado y las mencionadas reservas técnicas.

La deuda total solo con las IPS asciende a $11.3 billones, y del pasivo de Reservas Técnicas de $13,7 billones, apenas $1.3 billones están respaldados en inversiones, dejando un déficit de $12.4 billones. Este incumplimiento pone en riesgo el sistema de salud al no garantizar las obligaciones para atender los gastos en salud.

Solo cinco EPS cumplen con las reservas técnicas o activos de inversión

Solo 5 EPS cumplen con los estándares requeridos en cuanto a la provisión y la inversión de sus reservas técnicas, destacándose Salud Total EPS, Sura EPS, Comfachocó, Capresoca, y EPM Salud. Por otro lado, el 80,7% de las EPS analizadas no cumple con estos requerimientos, demostrando una grave falta contra la normativa y un riesgo palpable para la sostenibilidad del sistema.

Las deudas

La cartera de las EPS con las IPS muestra que el 93,5% de la deuda total es menor de un año, concentrándose principalmente en tres empresas: Famisanar, Sanitas, y Emssanar.

De la cartera de las 26 EPS se puede deducir que 15 de ellas no cumplen los indicadores de liquidez ni de solvencia. Por su parte EPM (Entidad Adaptada), tampoco cumple con el indicador de liquidez, pero sí el de solvencia (1,87%), lo que indica que, si entrase en proceso de liquidación, tendría como responder y cubrir el total de sus pasivos con sus activos.