No para el escándalo generado por el contrato otorgado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a la Unión Temporal Centros Poblados por un valor de $ 1.07 billones.
La Contraloría General de la República confirmó que inicia en firme un proceso de responsabilidad fiscal por el anticipo que le fue otorgado a la Unión Temporal por $ 70.000 millones por las presuntas irregularidades en la licitación.
Al proceso fueron vinculados la representante legal delegada del Fondo Único de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Adriana Vanessa Mesa; la subdirectora de gestión contractual, Sandra Orjuela Méndez; el Supervisor del contrato y Camilo Alberto Jiménez.
También la medida cobija a miembros de la Unión Temporal Centros Poblados, la Fundación de Telecomunicaciones, ICM ingenieros, INTEC de la Costa, Omega Building y a miembros del consorcio.
La Unión Temporal Centros Poblados recibió en licitación un contrato por 1,07 billones de pesos para cubrir la región B, que conforman los departamentos de Amazonas, Arauca, Cundinamarca, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada.
El pasado viernes, el Ministerio de Tecnologías determinó dar por terminado el contrato a la Unión Temporal ante las irregularidades detectadas en la presentación de las garantías.