El presidente Iván Duque derogó el mecanismo de la convocatoria pública para escoger de ella a los ternados de los que la Corte Suprema de Justicia seleccionará el próximo fiscal general de la Nación.
Se trata de un decreto de 2016 en que el expresidente Juan Manuel Santos, tras la solicitud en este sentido de varias ONG y entidades de transparencia en la justicia, establecía la obligatoriedad para que se dispusiera una convocatoria pública, se diera a conocer la lista de aspirantes, se escuchara a la ciudadanía sobre los inscritos y se entrevistara a los opcionados.
El Ejecutivo, no obstante, consideró que la escogencia del titular del ente acusador debe hacerse «en los estrictos y precisos términos de lo consagrado en la Constitución Política y la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, conforme a la regla especial de procedimiento allí prevista, sin que por vía reglamentaria pueda ser modificada ni sometida a reglas distintas de elección».
De esta manera, Duque se hizo un camino más expedito y que le garantiza mayor autonomía para escoger la terna, pero en la Corte Suprema, sin embargo, hay seis vacantes actualmente. Lo que dificultaría la escogencia de un fiscal, pues para que quede el jefe del organismo de investigación penal designado en firme se necesitan 16 votos de la sala plena del máximo tribunal de la justicia ordinaria, y con las seis vacantes solo están actuando 16 magistrados en el pleno.
La cita que ha puesto la Corte Suprema para que la sala plena se vuelva a reunir es para el próximo 25 de julio. Habrá que ver si para esa fecha ya están seleccionados el resto de togados y si el jefe de Estado ya ha escogido la terna para fiscal.
Por ahora, el panorama pareciera favorecer al fiscal general (e) Fabio Espitia, quien asumió tras la renuncia del exfiscal Néstor Humberto Martínez el pasado 15 de mayo y quien venía de dirigir la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte, que es una especie de cúpula de fiscales de confianza del titular del ente acusador y que son quienes suelen llevar los casos más importantes y contra los funcionarios más altos y aforados.
Los que suenan para la terna de Duque serían, entre otros, la actual secretaria jurídica de la presidencia Clara María González, el viceministro de Justicia sucreño Juan Francisco Espinosa, el director de Excelencia en la Justicia Hernando Herrera, el exfiscal ad hoc para Odebrecht Leonardo Espinosa, el comisionado de Paz Miguel Ceballos, el exmagistrado Wilson Ruiz, la exmagistrada María Mercedes López, el alto consejero para la Estabilización Emilio Archila, el excandidato a la Contraloría José Andrés O’Meara, el director de Defensa Jurídica Camilo Gómez, el exviceministro del Interior Rafael Nieto Loaiza y el excontralor valduparense Edgardo Maya.