El Juzgado Segundo Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Valledupar, condenó a 15 años y 4 meses de prisión a la exalcaldesa (e) del municipio de Becerril, Yanet Sáenz Fuentes.
La exmandataria fue hallada responsable de los delitos de delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, y contrato sin cumplimiento de los requisitos.
De acuerdo con la Fiscalía 5 seccional, los hechos investigados tuvieron ocurrencia en 2009 cuando Sáenz Fuentes, suscribió un convenio con la Fundación para el Trabajo y Desarrollo Comunitario, FUNSOC, cuyo objeto era la construcción de las obras de urbanismo de la urbanización “ECOCIUDADELA”, donde se debía desarrollar edificar 300 viviendas de interés social, para lo cual el municipio entregó a la Fundación la suma de $994.505.365, y esta última se obligaba solamente a la entrega del lote de terreno donde se debía realizar la obra.
Esta investigación fue iniciada por la Contraloría General de la Nación al identificar irregularidades en la contratación y posterior a ello dio traslado a la Fiscalía.
En este sentido, el ente acusador estableció que dicho convenio fue celebrado bajo la modalidad de contratación directa obviando la modalidad de selección, como lo es la licitación pública.
También suscribieron un otro si al convenio, en el cual realizaban unas modificaciones, entre ellas, el cambio de interventor externo de la obra, por un interventor designado por la Fundación, violando la Ley 80 de 1993, ya que la interventoría debe ser una persona independiente del contratista y el contratante.
En la lectura del fallo el juez relató que el lote de terreno donde debía construir las viviendas, se encontraban invadidas, por lo que la fundación no estaba cumpliendo lo acordado, así que iniciada la obra el día 28 de agosto de 2009, fue necesario la suspensión dos días después, con la utilización de la falsificación de la firma del interventor, ello, con el ánimo de anotar cláusulas favorables al contratista, como la renuncia a la declaratoria de incumplimiento de contrato ni hacerle efectiva la cláusula de caducidad.
En igual sentido se dijo que recursos del proyecto, se habían invertido en el proyecto con compras de materiales en la ferretería “Franklin”, sin embargo, se determinó que $396.233.596 no fueron invertidos en el proyecto y mucho menos en la compra de materiales en el establecimiento de comercio reportado.
La exfuncionaria también fue inhabilitada para ejercer cargos públicos.