El ministro de Justicia, Néstor Osuna, anunció que fue expedido un protocolo dirigido a los alcaldes, gobernadores y a la Policía Nacional, con pautas para regular el consumo de sustancias psicoactivas en parques y zonas del espacio público, conforme a lo dispuesto por la Corte Constitucional en su sentencia C-127 de 2023.
El funcionario indicó al respecto que esta facultad está contemplada en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y les permite a las autoridades territoriales y de Policía regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas dentro de la autonomía y sus competencias legales, teniendo como base la protección y prevalencia de derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Al respecto Osuna señaló que «se trata de una guía que no es vinculante para que las administraciones locales, a lo largo del país, tengan en cuenta circunstancias de modo, tiempo y lugar, para que pueden restringir ese consumo en algunos espacios de especial valor cultural e histórico para la comunidad, como parques, escenarios educativos, de recreación, de reunión de familias, entre otros».
Este protocolo, anota el jefe de la cartera del derecho, atiende además las recomendaciones planteadas por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su 54° periodo de sesiones y expuestas en el documento ‘Desafíos en materia de derechos humanos a la hora de abordar y contrarrestar todos los aspectos del problema mundial de las drogas’.
«La hoja de ruta establece que, de acuerdo con lo ordenado por la máxima instancia constitucional, se debe diferenciar entre las actividades de porte de dosis para uso personal y consumo en contraste con el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, teniendo en cuenta el principio de no discriminación frente a las personas que consumen sustancias psicoactivas», se lee en el comunicado.
El consumo de sustancias psicoactivas, enfatiza el protocolo, debe abordarse con enfoques de salud pública, derechos humanos y de respeto a la diferencia. El propósito debe ser activar la ruta integral de atención para población con riesgo o presencia de trastornos mentales y del comportamiento debido a uso de sustancias psicoactivas y adicciones.
Así las cosas, el ejercicio de la actividad policial y en la aplicación de la normatividad tienen que tenerse en cuenta el momento del día, el modo o las circunstancias, siempre buscando la aplicación de medidas preventivas o pedagógicas, indica el documento.
«Los entes territoriales y las autoridades de Policía deben adoptar alternativas a la penalización, la ‘tolerancia cero’ y la supresión de las drogas y tomar el control de los mercados ilegales de drogas adoptando una normativa responsable, con el propósito de eliminar los beneficios derivados del tráfico ilícito, la delincuencia y la violencia, recalca el documento», sostiene el protocolo gubernamental.