Con la firma presidencial y de todos los ministros, fue expedido el decreto 0173 del 24 de febrero de 2026, que busca nuevas medidas tributarias, incluyendo un impuesto temporal al patrimonio para empresas, con el fin de financiar la emergencia por la ola invernal.
Este gravamen aplica a personas jurídicas con patrimonio líquido superior a 200.000 UVT (aprox. $10.474 millones), con una tarifa general del 0,5% y diferencial del 1,6% para sectores financieros y extractivos.
Con esta medida buscan recaudar $ 8 billones de pesos.
El 50 % de esta tarifa tendrán que cancelarlo el 1 de abril del año 2026 y el otro 50 % el 4 de mayo del año 2026.
“Es decir, que en un plazo corto tendríamos los recursos para atender las emergencias que estamos viviendo”, afirmó Germán Ávila Ministro de Hacienda.
La decisión se sustenta en el marco de la emergencia económica a raíz de los daños ocasionados por el frente frío y las inundaciones registradas en el país.
De acuerdo con la evaluación preliminar presentada el 11 de febrero, se contabilizaron 65 emergencias, entre ellas 53 inundaciones, cinco movimientos en masa, tres crecientes súbitas, dos vendavales, una erosión fluvial y una erosión costera, en 61 municipios de ocho departamentos.
En la iniciativa, quedan excluidas empresas del sector salud, compañías intervenidas por el Estado y empresas de servicios públicos ubicadas en municipios declarados en calamidad dentro de la zona afectada.
El impuesto se liquidará sobre el patrimonio bruto, menos deudas vigentes a esa fecha, y se pagará en dos cuotas iguales: el 1 de abril y el 4 de mayo de 2026.