En el Caribe colombiano ha sido rotundo el rechazo al proyecto que viene analizando la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y que abre la posibilidad a la integración de las redes de transmisión de gas, creando una sola tarifa y que conllevaría a incrementos de la tarifa para los hogares e industrias.
Gobernadores, alcaldes, diputados y concejales de la región aseguraron que dicha medida es contraproducente, en medio de la crítica situación que se vive por las altas tarifas de energía. Por eso hicieron un llamado al Gobierno para descartar modificaciones en el precio del transporte del gas y así garantizar estabilidad en la prestación de este servicio.
El gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar, calificó como “injusto” e “inequitativo” que el departamento sufra un incremento en la tarifa de transporte de gas, puesto que generaría afectaciones a los usuarios.
Explicó que la empresa Gases de La Guajira presta el servicio a más de 138 mil usuarios entre residenciales y no residenciales, de los cuales, más del 85 % corresponden a estratos 1 y 2.
“Esto agravaría sus condiciones de vida. El incremento en la tarifa de gas también podría incrementar la tarifa de energía eléctrica, porque parte de la energía requerida para atender la demanda nacional, especialmente en épocas como el Fenómeno del Niño, es generada por centrales termoeléctricas, las cuales trabajan mayoritariamente con gas”, expuso.
Indicó que si bien el departamento cuenta con amplias potencialidades para la explotación de gas, también existe una “amplia brecha” con relación a la calidad de vida.
“El último Índice Multidimensional de Pobreza Energética (IMPE), elaborado por Promigas, muestra que el 70.7 % de la población guajira no tiene una fuente de energía, cifra que dista en gran medida de departamentos y ciudades como Bogotá, Valle del Cauca o San Andrés, cuyo IMPE es menor al 5 %”, explicó.
Destacó que el departamento peninsular ha sido un “actor fundamental” en la producción de gas natural en el país, concentrándose en los campos de Chuchupa y Ballena.
“Hace poco, Ecopetrol anunció que amplía su potencial de gas con la reciente perforación del pozo Orca Norte-1, resultados que están en evaluación para determinar su viabilidad comercial, y próximamente comenzará la perforación costa afuera del Pozo Uchuva-2, junto a Petrobras. Ambos pozos ubicados en nuestro departamento”, recalcó el mandatario.
Indicó que este panorama se debe convertir en una “oportunidad” para que el Gobierno nacional impulse el desarrollo de proyectos de energía renovables, con el fin de “diversificar la matriz eléctrica del país, contar con más fuentes de generación de energía, e incentivar mayor competencia en el mercado, con miras a lograr tarifas más justas, especialmente para los departamentos del Caribe Colombiano”.
Rechazo desde el Cesar
Elvia Sanjuán, gobernadora del Cesar, insistió en la necesidad de que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) no modifique la fórmula para la fijación del precio de transporte del gas.
“En época de escasez de lluvias, las plantas térmicas son las llamadas a generar la energía eléctrica y si el costo de la tarifa de gas aumenta, automáticamente aumentará el costo del kilovatio, afectando a los usuarios de la costa Caribe y por ende al Cesar, que de por sí ya estamos afectados por las formulas tarifarias injustas”, sostuvo.
Explicó, además, que el incremento del gas afecta la competitividad del sistema de transporte en Valledupar, la industria y el comercio que requieren de este combustible para el desarrollo de sus actividades.
“Las pocas ventajas competitivas que tenemos en el Cesar con la actual tarifa de gas se verán afectadas; se verá afectado el empleo, el ingreso de los pequeños empresarios y los miles de usuarios residenciales”, agregó.
La mandataria destacó que –según estadísticas del Ministerio de Minas y Energía, a corte del cuatro trimestre del año anterior– en el departamento existen un total de 282.534 usuarios del gas natural, de los cuales, 279.730 son del orden residencial y 2.742 corresponden al sector comercial.
“Con estas medidas desiguales para las regiones, se pone en riesgo la seguridad alimentaria de miles de cesarenses; estamos seguros de que la Creg sabrá escuchar el clamor del caribe, y no permitirá que se siga afectando a los ciudadanos más humildes”, recalcó.
Afectaciones en Sucre
Lucy García Montes, gobernadora de Sucre, expuso que de aprobarse el mencionado proyecto, en su departamento precio del gas podría llegar a subir un 24.5% al pasar de 229 a 285 pesos por metro cúbico, lo que sería duro para la mayoría de las familias de esta región que ya están “asfixiadas” por los altos costos de los servicios públicos.
“El gas ayuda a muchas familias a cocinar de forma segura y sin dañar el medio ambiente. También ayuda a evitar la tala de árboles y protege la salud de las personas”, explicó.
Recalcó que esta coyuntura tendría impactos en la crisis que se vive por las altas temperaturas de energía: “La Creg debe tener en cuenta que en el departamento ya se está pagando un precio por kilovatio superior a los 1.000 pesos y los hogares no resisten un aumento más”.
Por eso instó al Gobierno nacional y a la Creg que revisen con lupa la propuesta de Vanti, priorizando las posibles afectaciones a los habitantes del Caribe.
“Si los análisis muestran que la propuesta va a hacer más difícil la vida de nuestra gente, debería ser rechazada. Necesitamos soluciones que realmente ayuden a mejorar la situación de los servicios básicos y no que la empeoren”, agregó.
Por último dijo que “no estamos dispuestos a aceptar un aumento más en el precio de los servicios públicos que afecten el bienestar de nuestra población y que paren nuestro desarrollo económico y social”.
Nuevos rechazos desde el Congreso
El representante a la Cámara Gersel Pérez indicó que la medida se convertiría en un “golpe considerable”, puesto que afectaría a los ciudadanos de los estratos 1 y 2, que en el Atlántico constituyen el 75 % de los usuarios de gas.
“La seguridad alimentaria de nuestra gente estaría en riesgo. Los atlanticenses y todos los caribeños no podemos asumir un alivio para el resto del país cuando aquí estamos sufriendo con las tarifas de energía sin solución del Gobierno”, agregó.
Puso de presente que la materialización de dicho proyecto conllevaría a un “descenso sin precedentes en nuestra economía y competitividad con respecto a otras zonas del país, generando pobreza y desigualdad social”.
Calificó como “irrisorio” el comportamiento del Gobierno nacional frente a la región Caribe: “El Estado debe asegurar que los servicios públicos sean para el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios, un incremento en otro servicio es reafirmar su nefasto compromiso con los caribeños”.
Alcalde de Santa Marta advierte por nueva “crisis social”
El alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, indicó que la ciudad tendría una “afectación significativa” de prosperar la propuesta de unificar el precio de transporte de gas, debido a que incrementará los costos operativos de nuestras empresas y agravando la economía familiar.
“Este aumento puede reducir la competitividad, impactando negativamente en la creación de empleo formal. Ya enfrentamos desafíos con las elevadas tarifas de energía, que son cada vez más difíciles de manejar para nuestro sector productivo y familias de todos los estratos socioeconómicos”, indicó.
Expuso que en la capital del Magdalena hay cerca de 150.544 usuarios residenciales, 2.732 de carácter comerciales y 104 usuarios industriales de gas natural.
Puso de presente que Santa Marta vive una compleja situación debido a las altas tarifas de energía y el abastecimiento de agua potable.
“Si se añaden costos más elevados al gas, es probable que nuestras comunidades, ya frustradas y desesperadas, intensifiquen las protestas. Estamos al borde de un estallido social, y es crucial que el gobierno nacional preste atención a estas señales”, dijo.
Invitó a los comisionados de la Creg a que visiten la ciudad y puedan conocer la situación de primera mano: “Esperamos que el presidente de la República, a través de su ministro de Minas, presente la urgencia de adaptar las tarifas a nuestra realidad económica y eviten formalizar una propuesta que solo agravaría nuestra situación”.