La abogada de Carlos Lehder, Sondra MaCollins, entregó detalles a los medios de comunicación de todo el proceso judicial que se adelanta contra el excapo del Cartel de Medellín.
La abogada MaCollins señaló que no ha podido conversar personalmente con su cliente y que sus derechos han sido vulnerados.
Dijo, también, que el único diálogo con Lehder ha sido telefónico y aclaró que no hubo audiencia de legalización de garantías.
Sostuvo, además, que ni siquiera Lehder ha podido firmar el poder que la autoriza a ella a representarlo judicialmente en esta situación.
“Desafortunadamente, la única conversación fue por teléfono el día viernes, cuando fue capturado. Le permitieron hacer la llamada para que yo pudiera constatar la condición de salud en la que se encontraba y que lo pudiera revisar un funcionario de Medicina Legal. El fiscal me informó que iban a presentar los documentos para la asignación de una sala para hacer la audiencia de legalización de captura, cosa que no pasó. Solo emitieron un auto de legalización de la captura”, afirmó.
MaCollins también agregó: “Ayer, cuando llegué a Bogotá, me dirigí a las instalaciones de la DIJIN, donde se encuentra. No me permitieron verlo ni firmar el poder necesario para asumir su defensa ante el juez de ejecución de penas y presentar la respectiva solicitud. Desafortunadamente, hasta el momento no he podido verlo físicamente ni hablar con él sobre su situación específica”.
La abogada del excapo dijo que hoy se deberá resolver el recurso de habeas corpus que interpuso en la madrugada del pasado sábado.
Igualmente, anunció que radicará un memorial solicitando la prescripción de la sentencia emitida en 1995.
“Presenté en las horas de la madrugada del sábado un habeas corpus que se debe resolver hoy. Sin embargo, en el juzgado de ejecución de penas no hay como tal una audiencia formal; lo que se presenta es un escrito, un memorial, en este caso solicitando la prescripción de esta pena. Estos hechos ocurrieron antes de 1987. Recordemos que él fue extraditado el 4 de febrero de 1987 y entregado a las autoridades americanas el mismo día, sin seguir un procedimiento legal y violando el debido proceso. En ese momento, el tratado de extradición no estaba vigente, porque la ley que lo incorporaba a la legislación colombiana había sido declarada inexequible. Lo dejaron a su suerte para ser condenado a 135 años y cadena perpetua, algo que no debía ocurrir según el tratado de extradición. Ahora que recobró su libertad y regresó a Colombia, tampoco le están respetando sus garantías (…)”, dijo.
La abogada MaCollins explicó que este proceso prescribió desde 2019.
“Por esta razón, Colombia, cuando recobró su libertad en 2020, no lo solicitó en extradición ni en deportación. Y además, hemos ido dos o tres veces al consulado de Frankfurt a hacer trámites para su pasaporte y su cédula, y en ningún momento se le requirió judicialmente”, dijo.
Añadió: “Hicimos toda la gestión de verificación de datos en el sistema Spoa para ver si tenía investigaciones activas, cosa que la Fiscalía confirmó que no. Sin embargo, tenían este as bajo la manga en Migración Colombia, y cuando llegó, fue capturado por estos hechos”.