La Procuraduría General de la Nación le pedirá al Tribunal Superior de Riohacha no prorrogar el cumplimiento de la sentencia T-302 de 2017 que emitió la Corte Constitucional ordenando la protección de los derechos a la vida y la salud de los niños, niñas y adolescentes Wayúu. La petición la hará porque considera que el Gobierno no ha cumplido con ninguno de los puntos que debía adelantar y no ha habido coordinación al respecto, pese a que se vive una crisis humanitaria.
“El Gobierno tenía que hacer tres cosas: primero coordinada por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, debía establecer un cronograma de actividades para crear fundamentalmente un mecanismo especial de seguimiento que tenía que ser concertado con las comunidades Wayúu y que tenía que estar acompañado con la Defensoría del Pueblo”, dijo el procurador Fernando Carrillo resaltando que nada de eso se ha hecho.
La sentencia se notificó hace un año y dice que es inconcebible que aún se solicite un tiempo para socializarla.
“Lo que hay que hacer aquí es no darle una prórroga más al Gobierno, que es lo que estamos diciendo abiertamente. La solución de fondo a una crisis humanitaria como la de La Guajira no admite dilaciones”, señaló.
El procurador dijo que es preocupante esta situación pues, “según cifras del Instituto Nacional de Salud de 2017 al 2019 han muerto más de 110 niños y la relación de causalidad entre la falta de agua potable y las enfermedades gastrointestinales y la mortalidad infantil es clarísima”.