Siete relatores de las Naciones Unidas (ONU) le pidieron al presidente Iván Duque replantear la decisión de reanudar las aspersiones aéreas con glifosato, tras indicar que esa decisión «supondría un enorme riesgo para los Derechos Humanos, la salud y el medio ambiente».
Dicho documento fue enviado al presidente Duque el pasado 17 de diciembre de 2020, pero solo se da a conocer a la opinión pública dos meses después, de acuerdo con información de la ONG Dejusticia.
Esa organización afirmó que había manifestado su preocupación frente a a ese tema, por medio de una carta enviada a los relatores en septiembre del año pasado, hecho que resultó en esta petición al presidente colombiano.
El documento de la ONU también destacó que «la propuesta violaría también el punto cuarto del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, firmado en el 2016 entre el Gobierno de Su Excelencia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo. Dicho Acuerdo de Paz establece que en caso de no existir acuerdo con las comunidades o en caso de incumplimiento se procederá a la erradicación manual, previa socialización e información a las comunidades».
En ese sentido, se reseñaron las implicaciones de salud, al argumentar que «según las informaciones recibidas, las aspersiones aéreas con glifosato fueron detenidas por el Gobierno en octubre de 2015, en atención a que la Agencia Internacional de la Investigación sobre el Cáncer (IARC, según sus siglas en inglés) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó el glifosato como ‘probablemente cancerígeno’».
Los relatores de la ONU advirtieron que las afectaciones en materia de salud para las personas que viven en esas zonas han sido documentadas a través de varios estudios, de los cuales «el primero es un informe entregado a la Comisión de la Verdad, «El daño que nos hacen: glifosato y guerra en el Caquetá». El segundo denominado «Revisión sistemática de los efectos del glifosato en la salud reproductiva», realizado por la Escuela de Salud Pública de la Universidad del Valle para el Centro de Derechos Reproductivos. Entre los daños documentados en este segundo informe se encuentran efectos sobre la fertilidad, abortos espontáneos, efectos perinatales y transgeneracionales».
Sostiene la carta que «estas preocupaciones son particularmente agudas en el contexto de la actual pandemia de COVID-19, puesto que las medidas sanitarias requeridas para hacer frente a la pandemia generan una mayor necesidad de consumo y abastecimiento de agua. Dicha contaminación se da no solo porque los cuerpos de agua sean asperjados, sino por la filtración del químico hacia aguas subterráneas. Además, las aspersiones aéreas afectan cultivos de alimentos, necesarios para la subsistencia de las familias.