La Comisión de Participación de la Jurisdicción Especial para la Paz presentó el informe de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad en el cual recogen las demandas de justicia de 539 organizaciones de víctimas, étnicas y de Derechos Humanos en Colombia.
Anterior a ello, en el primer trimestre de este año se llevaron a cabo audiencias en Valledupar, Medellín, San José del Guaviare, Cali, Villavicencio y Bogotá.
Para el caso del departamento del Cesar se enfatizó en la necesidad de investigar los hechos de violencia en medio del conflicto armado ocurridos específicamente en Minas de Hiracal, perteneciente a Pueblo Bello, Poponte, en Chiriguaná; La Jagua de Ibirico y El Toco, en San Diego.
En la realización de las audiencias las organizaciones y autoridades que participaron resaltaron la necesidad de incluir dentro de los patrones de investigación, conductas punibles relacionadas con el despojo de los territorios, que ha ubicado a las víctimas en un estado de indefensión frente a las violencias ejercidas en su contra. Al tiempo que, dichos actores armados perpetraron masacres y desapariciones forzadas como parte de una estrategia que pretendía materializar el abandono de sus tierras.
PRIORIZAR INVESTIGACIÓN SOBRE VIOLENCIA SEXUAL
Por otra parte, dentro de dicho contexto también se ejerció la violencia sexual y otras violencias basadas en género en contra de las niñas, jóvenes y mujeres que integraban los pueblos y/o comunidades étnicas. Asimismo, se cometieron amenazas y asesinatos contra autoridades, líderes/as de pueblos indígenas, desplazamiento forzado.
Igualmente, las autoridades indígenas y afrodescendientes coincidieron en señalar que, se hace necesario ampliar la delimitación territorial del caso “Crímenes Contra Pueblos y Territorios Étnicos”, para que resulte posible abordar las afectaciones y daños sufridos por otros pueblos y/o comunidades étnicas.
Asimismo, requirieron el reconocimiento de la existencia de pueblos indígenas de carácter Binacional como es el caso del pueblo Yukpa en el cuales las dinámicas del conflicto son específicas y diferenciadas por encontrarse en zonas fronterizas.
También las víctimas hicieron énfasis en la exigencia de las mujeres indígenas frente a la priorización de territorios en los nuevos macrocasos; en este sentido, la organización de mujeres Wayuu, mediante su participación durante la audiencia en Valledupar, indicó como necesario tener en cuenta las afectaciones generadas en Manaure en el momento en que las FARC EP ingresaron a las represas de las salinas en el año 2000, permaneciendo 6 horas.
Igualmente, las mujeres del pueblo indígena Kankuamo a través de su coordinadora efectuaron la entrega de un anexo al informe previamente entregado a la JEP por su pueblo, el cual se centra específicamente en cinco (5) casos de violencia hacia mujeres kankuamas, resaltando que este ejercicio también está siendo efectuado por parte de las mujeres del pueblo Wiwa.
Con este informe, solicitan a la JEP que se realice la apertura de un macrocaso para que investigue los hechos ocurridos en la Sierra Nevada de Santa Marta y que se incluya de manera transversal un enfoque de género en la investigación.
Finalmente, precisaron la necesidad de tener en cuenta las regiones donde existen planes de salvaguarda, teniendo en cuenta el incumplimiento sistemático de los mismos por parte del Estado.