Con el apoyo de las mayorías de los partidos políticos, la plenaria del Senado de la República aprobó en su totalidad la prórroga de la Ley de Orden Público, que le otorga facultades al presidente de la República, Gustavo Petro, para implementar la denominada ‘paz total’.
Durante la discusión, se eliminaron los polémicos artículos con los cuales se buscaba indultar a los miembros de la Primera Línea que pudieron haber cometido delitos en el marco de las movilizaciones ciudadanas.
El senador Ariel Ávila, coordinador ponente de la iniciativa, afirmó que “la coalición de gobierno y los coordinadores ponentes tomamos la decisión el viernes con el aval del presidente de retirar los artículos 16 y 17, que obedecían a la figura de gestores de convivencia y los indultos, frente a la protesta social”.
De igual forma, se hundió la creación de un servicio social para la paz alternativo al servicio militar obligatorio, con el argumento de que esto hubiese debilitado a las Fuerzas Militares.
La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, aseguró que esta propuesta no tenía relación con los procesos de negociación con los grupos criminales.
“Este era un artículo que debía desarrollarse de mejor manera y que en todo caso no hace parte del cuerpo de la Ley 418, hay un problema de consecutividad frente al objeto de la ley, este servicio social obligatorio nada tiene que ver con los procesos de negociación”.
Durante la discusión del proyecto, se negó una proposición del senador Humberto de la Calle que pretendía cerrarle la puerta a una negociación con alias ‘Iván Márquez’ y otros desertores del proceso de paz que hoy hacen parte de las disidencias.
Sin embargo, el Gobierno Nacional no avaló la propuesta argumentando que la misma le hubiera dado un golpe muy fuerte a la posibilidad de alcanzar la ‘paz total’ que quiere implementar el presidente Gustavo Petro.
“Hay desertores de todos los procesos, lo que implicaría prácticamente negar la posibilidad de negar un proceso de paz en cualquier sentido (…) Nos parece demasiado drástico el enunciado y el efecto sería demoledor para el propósito de paz total, no habría paz”, indicó.
“El propósito que tenemos es que a través de este proyecto nos permitan avanzar en nuevas negociaciones, nadie ha planteado renegociar el acuerdo de paz del Teatro Colón, se ha refrendado y se ha implementado, pero no podemos cerrar la puerta, no podemos echar la llave al mar para tener la posibilidad en el Gobierno de Gustavo Petro de avanzar hacia la paz”, sostuvo.
La ley de Orden Público también establece que la paz será una política de Estado, lo que obligaría a todas las entidades y a los gobiernos de turno a emprender las acciones pertinentes para cumplir este principio.