regionales

A través de un comunicado a la opinión pública, la Federación Colombiana de Ganaderos exigió la libertad del ganadero, Adalberto Osorio Mantilla, secuestrado desde el pasado lunes festivo cuando entraba con su esposa a su finca El Paraíso, ubicada en la vereda La Cascabela, entre los municipios de Aguachica y Río de Oro.

Con esta, Osorio Mantilla ha sido víctima en tres ocasiones del flagelo del secuestro. A sus 87 años (cumplidos en abril de este año) es una persona frágil, que tiene limitaciones propias como consecuencia del arduo trabajo y del paso de los años.

Sus familiares expresan que tiene un problema de desgaste articular en sus rodillas, antecedente de cáncer de próstata que requiere medicamentos e hipoacusia (no escucha bien), además de dificultades para conciliar el sueño.

 “Los ganaderos estamos experimentando un viacrucis que cada día se hace más difícil de superar. La invasión de fincas, el abigeato, el carneo, la extorsión, el secuestro y el asesinato de los productores están diezmando nuestra actividad. Todas las semanas somos víctimas de la invasión de una finca ganadera. Muchos de estos tierreros llegan con listas en mano y amenazan a los trabajadores y a los dueños de los predios”, manifestó José Félix Lafourie, presidente de Fedegán.

Asimismo el comunicado indica que hace dos años, Adalberto y su familia fueron víctimas de la invasión de otra de sus fincas, esta vez fue Bello País, ubicada en el área rural del municipio de La Gloria, Cesar. El grupo invasor salió del predio, pero cuando las autoridades se retiraron volvieron a entrar y todavía están en el sitio.

En este sentido, Lafaurie pidió a las autoridades regionales, nacionales y a la fuerza pública celeridad en las investigaciones y en los operativos para traer de vuelta a casa a Adalberto Osorio Mantilla, quien es, en estos momentos, el secuestrado de mayor edad en el país.

“Desde el conocimiento de la noticia se activaron las redes de apoyo adscritas a los Frentes Solidarios de Seguridad y Paz con el objetivo de trasmitir en tiempo real a las autoridades cualquier movimiento sospechoso e información para dar con el paradero del secuestrado”, indicó el alto ejecutivo.

El presidente ejecutivo de Fedegán recordó que en esa misma zona, entre Río de Oro y Aguachica fue secuestrado en 2024 el ganadero Cristian Serrano por parte del Grupo Armado Organizado ELN. Meses después, ese grupo terrorista lo canjeó por su hermana Claudia Serrano quien continúa privada de la libertad.

La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), revocó la decisión que rechazó la acreditación como víctima al exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo, por el caso del también exgobernador Trino Luna Correa.

Caicedo había presentado en el 2022 ante el ente de justicia transicional, una solicitud para acreditarse como víctima ante este proceso, señalando ser perseguido político, judicial por agentes del Estado y grupos paramilitares entre ellos Luna Correa.

La decisión que en primera instancia fue anulada debido a la falta de pruebas suficientes presentadas por el ex alcalde de Santa Marta. Sin embargo, el ente judicial estudió nuevamente esta decisión la cual fue revocada reconociendo su acreditación como principal afectado.

Esto le permitirá a Caicedo participar como interviniente especial dentro del proceso de Trino Correa bajo este nuevo rol como víctima teniendo en cuenta los criterios de justicia transicional de la JEP.

Más de 650 hombres y mujeres de la Décima Brigada del Ejército Nacional, estarán desplegados estratégicamente en los departamentos de Cesar y La Guajira, con el propósito de contribuir a la seguridad y movilidad de los ciudadanos durante estas vacaciones de mitad de año.

Los soldados se encuentran presentes a lo largo de la Troncal del Caribe y las principales vías del norte del país, brindando apoyo permanente a los viajeros y previniendo situaciones que puedan poner en riesgo la integridad de la población civil.

Como parte de esta estrategia se han establecido 24 puestos de control militar sobre las rutas más transitadas, incluyendo la Ruta Nacional 80, que conecta municipios clave como Valledupar, San Juan del Cesar, Villanueva, Fonseca, Distracción y Barrancas, y la Ruta Nacional 90, que conecta hacia Santa Marta, cubriendo así los ejes viales más importantes de la región Caribe.

Con esta labor coordinada con la Policía Nacional, el Ejército Nacional busca fortalecer la presencia institucional, contrarrestar amenazas y atender emergencias de forma oportuna, permitiendo que las familias viajen con mayor tranquilidad y confianza, en el marco de la campaña “Viaje Seguro, su Ejército está en la Vía”.

Desde la ciudad de Bogotá, los alcaldes de las ciudades capitales llevaron a cabo este lunes un Consejo de Seguridad para redoblar sus esfuerzos por la seguridad ciudadana y la protección de los candidatos presidenciales.

Durante este evento, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, anunció que dentro de los próximos 15 días se propondrá una cumbre a nivel nacional para revisar la estrategias conjuntas que disminuyan la violencia en el país.

“Tengan la certeza que todos estamos comprometidos con la seguridad de la nación. Para los próximos días estamos proponiendo una cumbre con el ministro de Defensa, con la cúpula militar y de Policía para que podamos revisar estrategias conjuntas. Existe un fondo en el Gobierno que se llama Fonsecon, que se llena con los recursos de las ciudades y otras fuentes, sugerimos que esos recursos sean liberados de manera inmediata para fortalecer las capacidades de la fuerza pública y proteger la ciudadanía y candidatos presidenciales”, comentó.

Del mismo modo, el vocero de todas las capitales del país levantó su voz contra el Gobierno nacional por la reducción del presupuesto de seguridad en el país.

“Vemos con preocupación cómo desde nivel nacional se ha disminuido de manera importante el presupuesto de seguridad, la seguridad es responsabilidad principal del Gobierno nacional, y en lo corrido del año se ha disminuido en cerca de $900 mil millones el presupuesto comparado con el año pasado, y se han congelado gastos por $600-700 mil millones, entonces estamos hablando de la pérdida de casi un billón de pesos que perjudica las labores de inteligencia, la policía judicial, la capacidad del ejército y la fuerza aérea”, dijo.

En esa misma línea, resaltó que “nosotros estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, hemos aumentando en un 30% los gastos de seguridad, a medida que el gobierno ha disminuido en más de un 20% de los gastos de seguridad a nivel nacional, pero nunca podremos como ciudades tapar el hueco que se está dejando y parte de esa responsabilidad es cuidar a los candidatos presidenciales en este año electoral”.

Puso de presente: “los alcaldes de las ciudades capitales queremos mandarle un mensaje a Colombia, que estamos unidos por la seguridad de nuestro país, como la mayoría de los colombianos nos preocupa mucho el deterioro de la seguridad, rechazamos actos como el atentado contra el senador Miguel Uribe, como los ataques terroristas en Cali, Valle y el suroccidente, como los desplazamientos del Catatumbo, como el asesinato de más de 100 miembros de la fuerza pública en lo corrido del año”.

Eder también hizo un llamado para revisar la política de paz total que se ejecuta a través del territorio nacional.

“Vemos que muchos de estos grupos criminales, por no decir todos, se están aprovechando de la buena fe de los colombianos y en Colombia cualquier política de paz debe ir acompañada por una política contundente de seguridad. Esta situación de seguridad no es aceptable. Expresamos nuestra solidaridad con todas las ciudades de Colombia que han sufrido amenazas o atentados. Nosotros los colombianos no podemos permitir este retroceso hacia los años de violencia y terrorismo que ya habíamos superado”, manifestó.

Adicionalmente, se refirió al tema de las protestas sociales y manifestaciones públicas. “Nosotros defendemos esas manifestaciones como un derecho que tenemos todos los ciudadanos en nuestra democracia, pero es importante durante estas protestas no sólo apoyar los derechos de quienes protestan, sino también proteger los derechos de quienes no protestan”.

Finalmente, Eder en conjunto con otros alcaldes como Alejandro Char, Federico Gutiérrez, entre otros, pidió al Gobierno responsabilizarse por la seguridad de los precandidatos presidenciales.

Una fiesta electrónica convocada a través de redes sociales en una finca turística de Puerto Colombia terminó en tragedia la noche del lunes 2 de junio, cuando varios hombres armados irrumpieron en el lugar y abrieron fuego de manera indiscriminada contra los asistentes. El saldo fue de tres personas muertas y nueve heridas.

La masacre ocurrió en el kilómetro 7 de la Vía al Mar, en un predio conocido como la cabaña Villa de Olvega, donde desde el domingo en la noche se celebraba una fiesta que se extendió por casi 24 horas. Según las autoridades, hacia el final del evento, un grupo de atacantes ingresó al lugar y disparó contra quienes aún permanecían allí, unas 20 a 25 personas.

El general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, explicó que la principal hipótesis que se maneja hasta el momento es que se trató de un ajuste de cuentas entre estructuras criminales dedicadas al microtráfico, en particular por el control de la distribución de TUSI, una droga sintética conocida como “cocaína rosada”.

“Presumimos que el hecho pudo haberse tratado de una represalia por el control y la venta de drogas sintéticas, específicamente TUSI. Es la hipótesis inicial con la que estamos trabajando”, declaró Urrego en entrevista con Caracol Radio.

Detalles de inspección

Durante la inspección del lugar, las autoridades hallaron múltiples vainillas de pistola calibre 9 milímetros y residuos de estupefacientes, incluyendo bolsas con rastros de TUSI. Además, se conoció que una de las víctimas mortales tenía antecedentes judiciales por hurto, mientras que tres de los heridos también registran antecedentes por delitos como tráfico de drogas, estafa y concierto para delinquir.

Las víctimas mortales del hecho fueron identificadas como Luis Alfredo Vergara Julio, 25 años; Ronald José Alarcón, 19 años y Maciel Karina Gómez.

Los heridos fueron trasladados de inmediato a centros asistenciales cercanos, donde actualmente se recuperan bajo custodia policial en algunos casos.

Ivón Manjarrez, es la nueva alcaldesa de La Jagua del Pilar – La Guajira, con un resultado de 1.998 votos superando a su rival Lina Tomasa Soto que sacó 1.777 sufragios, con la lectura del boletín número 12 con la información de 12 mesas instaladas.

Las elecciones atípicas transcurrieron en completa normalidad desde las 8 de la mañana hasta la 4 de la tarde.

La Registraduría Nacional entregó la credencial a la nueva mandataria que tendrá su mandado 2025 – 2027.

“Recibí mi credencial como Alcaldesa de mi amado pueblo, este sueño cumplido es de todos los jagueros Gracias, 1,998 gracias” fueron las palabras de la nueva mandataria de los jagueros.

Estas elecciones atípicas se llevaron a cabo por la anulación de la elección del alcalde anterior, ante la decisión del Consejo de Estado que anuló la elección de José Amiro Morón Núñez, por doble militancia.

Según una encuesta realizada por Mediciones y Servicios de Marketing SAS, Ivonne Manjarrez Ustariz del partido Alianza Social se posiciona como la favorita en la lucha por la alcaldía de La Jagua del Pilar con un 42.2% de intención de voto. Lina Tomasa Soto Durán ocupa el segundo lugar con un 34.7%. La encuesta también revela que un 12.8% de los encuestados no sabe o no responde, mientras que un 10.3% votaría en blanco.

Las elecciones atípicas se llevarán a cabo el 18 de mayo de 2025, luego de la nulidad de la elección de José Amiro Morón Núñez como alcalde debido a doble militancia. La encuesta destaca la creciente favorabilidad de Manjarrez atribuida a su cercanía con la comunidad y propuestas claras.

Detalles de la Encuesta

– Realizada por: Mediciones y Servicios de Marketing SAS
– Fecha del trabajo de campo: Del 9 al 13 de mayo de 2025
– Tamaño de la muestra: 752 encuestas presenciales
– Margen de error: 3.29%
– Nivel de confianza: 95%

La Sección Quinta del Consejo de Estado, en un fallo de 53 páginas, revocó la credencial de Rafael Martínez, del partido Fuerza Ciudadana, como gobernador del Magdalena. Lo anterior, al haber incurrido en doble militancia en modalidad de apoyo a candidatos de otros partidos políticos.

El ahora exgobernador del Magdalena fue encontrado responsable de haber realizado manifestaciones públicas de apoyo en favor de las candidatas a la Asamblea del Magdalena y al Concejo de Santa Marta, María Charris y Miguelina Pacheco, en un evento en la Villa Olímpica de la capital magdalenense en septiembre de 2023.

A juicio de los magistrados, con su conducta Martínez «contravino la lealtad y disciplina que le era exigible a favor de los aspirantes inscritos por Fuerza Ciudadana al concejo de Santa Marta y a la asamblea del departamento del Magdalena».

Los hechos fueron demostrados a partir de varios videos publicados por el medio local Opinión Caribe, en donde se vio tanto a las dos candidatas del partido de la U como al hoy gobernador del Magdalena intervenir en el mismo evento. También se vio al propio Martínez (quien en audiencia de pruebas negó haber dado cualquier apoyo) pedir a los asistentes que votaran por las candidatas, aunque Fuerza Ciudadana contaba con sus propias listas, como ya se anotó.

“Para esta Sala, no queda duda que lo expresado constituye una conducta sancionable por el ordenamiento jurídico y que, conforme a lo dicho por la jurisprudencia, denota que ese respaldo fue dirigido a las aspirantes inscritas por una agrupación que difiere de aquel a la que pertenece el accionado».

Es más, a juicio de la Sección Quinta, Rafael Martínez no solamente mencionó la petición de respaldo a quienes estaban en el evento en la Villa Olímpica, sino que, además, les pidió que “multiplicaran el mensaje” fuera del escenario donde se realizó el mitin.

“Sobre esta base, la expresión «vamos a apoyar el número uno al Concejo» y el diálogo sostenido con el público a favor de los intereses de la aspirante a la asamblea, constituyó el acompañamiento definitorio a el Partido de la U, el cual aflora de manera evidente, con lo cual esta corporación judicial se reviste de varios elementos de juicio que permiten superar toda duda razonable».

Asimismo, en vista de la participación de Patricia Caicedo, hermana del exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo y para esa fecha candidata a la Alcaldía de Santa Marta, y la gran cantidad de personas vestidas con el color naranja (característico de Fuerza Ciudadana), para el Consejo de Estado no quedó duda alguna de que fue un evento que contó con planeación de las dos colectividades en donde Martínez participó y obró de forma totalmente voluntaria y no solamente fue invitado.

Un total de $19.45 mil millones de pesos fueron ejecutados de manera irregular en los departamentos de La Guajira y Córdoba, según reveló la Contraloría General de la República en su más reciente informe sobre el uso de los recursos del Sistema General de Participaciones – Agua Potable y Saneamiento Básico (SGP-APSB), durante el periodo 2020-2024.

De acuerdo con la Delegada para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico, estos fondos fueron destinados a actividades expresamente no permitidas por la Ley 1176 de 2007, entre ellas, la compra de combustible para vehículos y maquinaria, adquisición de insumos de ferretería y mejoramiento de vías urbanas.

El municipio de Uribia (La Guajira) fue el más comprometido, con un gasto irregular que supera los $8.448 millones, mientras que Montería (Córdoba) figura con $7.165 millones en actividades no elegibles. A ellos se suman Puerto Escondido, con $3.839 millones, lo que convierte a Córdoba en el departamento con mayor número de municipios involucrados en estas irregularidades.

Los recursos del SGP-APSB están destinados exclusivamente a garantizar el acceso a agua potable y el funcionamiento adecuado de sistemas de alcantarillado, por lo que su desviación compromete directamente la prestación de estos servicios esenciales, especialmente en regiones vulnerables.

Además de la ejecución indebida, la Contraloría identificó fallas sistemáticas en la planeación y supervisión de los proyectos. Entre las deficiencias más comunes se destacan la ausencia de estudios técnicos adecuados, demoras en la gestión de permisos ambientales y la falta de alineación entre los proyectos formulados y las necesidades reales de las comunidades.

En su informe, la entidad de control advirtió que estas prácticas generan no solo un daño patrimonial al Estado, sino que afectan la continuidad y calidad de los servicios públicos en zonas que ya enfrentan serios desafíos en infraestructura básica.“El incumplimiento de los marcos normativos y la debilidad en los controles internos están deteriorando la confianza ciudadana y dejando a miles de colombianos sin acceso efectivo a agua potable y saneamiento”, señaló un vocero de la Contraloría. En respuesta, la entidad anunció que se han configurado 13 hallazgos fiscales y 6 con presunta incidencia penal relacionados con el uso indebido de estos recursos en el país, y que se iniciarán las respectivas acciones para que los responsables respondan ante las autoridades competentes.

La Contraloría hizo un llamado urgente a las autoridades locales de La Guajira y Córdoba para reforzar sus procesos de planeación, ejecución y control, con el fin de garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y en beneficio de la población más necesitada.

El Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Villanueva condenó al exalcalde de La Jagua del Pilar, José Amiro Morón Núñez, por el delito de fraude en inscripción de cédulas durante las elecciones locales de 2015.

La sentencia, proferida bajo el número 023 de 2025 (CUI 11-001-60-00000-2018-02665-00), encontró responsable a Morón Núñez, conocido como «Macho Morón», de liderar una organización criminal dedicada a la trashumancia electoral entre 2014 y 2015. Según la investigación, ciudadanos de municipios vecinos como Valledupar, Urumita y Villanueva fueron trasladados para inscribir fraudulentamente sus cédulas en La Jagua del Pilar, a cambio de incentivos económicos de entre 100.000 y 200.000 pesos.

Durante el juicio, se demostró que Morón Núñez, quien se desempeñaba como secretario de Hacienda en ese entonces, no solo impulsó la inscripción irregular de votantes, sino que también constreñía a contratistas municipales para obtener respaldo político, organizaba pagos de sobornos y ofrecía promesas de becas y empleos para alterar los resultados electorales.

Aunque inicialmente fue procesado también por concierto para delinquir, corrupción al sufragante y constreñimiento al sufragante, estos delitos prescribieron en el transcurso del proceso. El juzgado basó la condena únicamente en el delito de fraude en inscripción de cédulas, el cual fue probado de manera “contundente, uniforme y coherente”, según explicó el despacho.

Morón Núñez negó haber actuado dolosamente y alegó que las irregularidades fueron responsabilidad de terceros, argumento que fue desestimado por la autoridad judicial.

La pena concreta aún está pendiente de individualización en la siguiente etapa del proceso. Sin embargo, el juzgado anticipó que, debido a la gravedad de los hechos, no procederá la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Mientras tanto, el caso permanecerá en revisión ante los recursos de apelación que puedan ser presentados en segunda instancia.