Por los delitos de peculado por apropiación agravado, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y falsedad en documentos privados, fueron imputados el exalcalde de Valledupar, Augusto Daniel Ramírez Uhía y los exsecretarios de Educación, Luis Carlos Matute y el exsecretario General, José Juan Lechuga.
El proceso se llevó a cabo en el Juzgado Tercero Penal Municipal con funciones de control de garantías de Valledupar, en el que la Fiscalía 12 seccional reveló detalles de cómo se realizó la ejecución del contrato de educación que superaba los $500 millones, pero sólo se emplearon cerca de $200 millones, por lo que se habría configurado un detrimento patrimonial superior a los $300 millones.
En este mismo lío jurídico están involucrados los contratistas Carlos Daniel Trespalacios Carreño y César Augusto González Armenta.
De acuerdo con el ente acusador, los hechos sucedieron en octubre de 2019, a pocos días de terminarse el mandato constitucional de Augusto Ramírez Uhía.
En este sentido, la Fiscalía determinó que el exalcalde delegó al exsecretario General, José Juan Lechug, para la celebración del contrato de prestación de servicios N° 1244-2019 con la empresa Corporación de Desarrollo Social “CRECIENDO”, cuyo objeto fue “Prestación de servicios para la formación a estudiantes de grado 11 para fortalecer la orientación vocacional profesional y técnicas para un mejor desempeño en entrevistas de admisión en las instituciones de educación superior en el país y el municipio de Valledupar”.
Este contrato tendría un plazo de 45 días calendarios, y por un valor de $592.375.000, la población objeto era de 3.832 estudiantes de Valledupar.
Dicha corporación era representada legalmente por Tresrespalacios Carreño, quien para el desarrollo de las actividades contratadas, subcontrató González Armenta, persona que en ultimas, desarrolló todo el contrato.
«La tramitación del contrato de prestación de servicios vulneró los principios de la contratación pública, principalmente el de planeación, toda vez que en los estudios previos no se tuvo en cuenta que las universidades del país ya estaban ad portas de cerrar las inscripciones, lo que resultaría en ineficaz la capacitación que se pretendía dar con el contrato en cuestión, además que en el pliego de condiciones, se anotara clausulas exorbitantes que no permitieron garantizar el principio de transparencia», señaló el ente acusador.
Asimismo, se estableció que la ejecución del mismo hubo sobre costos en el pago de algunos servicios, como el alquiler de computadores portátiles, video beams, amplificadores de sonido y micrófonos, y en la adquisición de pendones, los cuales debían ser usados durante las charlas a los estudiantes.
Particularmente, la adquisición de servicios de alquiler, se hizo con la empresa Sistemas Integrados del Cesar “SIC”, de propiedad del sub contratista que entre otras cosas, la empresa tenía la matricula cancelada desde el año 2015, es decir, que no existía para la fecha de la negociación.
En otro de los itens del pliego de condiciones, se dijo que el contratista debía adquirir el servicio de 320 profesionales especializados en “Humanidades y desarrollo humano”, y de “Comunicación social y periodismo” para cubrir 80 grupos de estudiantes, sin embargo, fueron contratados solo 4 personas a quienes presuntamente le cancelaron 80 horas de trabajo cada uno por valor de $62.000.000, y las capacitaciones fueron dictados por los auxiliares logísticos y administrativos dirigidos por dos coordinadores.
El pagó de los auxiliares resulto en igual medida, irregular, por cuanto no todos laboraron, algunos se les canceló menos de lo debido y otros más de lo debido.
En otro punto contractual, se realizaron arriendo de vehículos para el transporte de los auxiliares, del cual se destaca, que un tercero, extraño al subcontratista arrendó los automotores para tal fin, en el que se incluyó su propio automóvil.
«Todas las maniobras realizadas para lograr el pago de la administración municipal, quedó plasmado en documentación que fue presentada como soporte en el informe final, logrando así el pago del valor del contrato, menos las deducciones, en un total de $570.078.242, por lo que el secretario General y Educación de Valledupar, permitieron que el particular se apropiara de $376.766.000,oo, cuando de todo lo ejecutado, el valor real a cancelar sería de tan solo $193.312.242», dijo el ente investigador.
Pese a toda la argumentación del fiscal, los imputados no aceptaron cargos.
Así las cosas, la decisión de la juez en cuanto a la medida de aseguramiento a imponer se conocerá este jueves cuando se reanude la audiencia. Entre tanto la Fiscalía solicitó detención domiciliaria.