Los dineros debían ser destinados a la atención médica, entrega de mercados y suministro de agua potable a familias vulnerables de Manaure (La Guajira), con ocasión del fenómeno de El Niño en 2015.
La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de Julio Cesar Castillo, gerente financiero de una Institución Prestadora de Salud (IPS) dedicada a la atención de la comunidad Wayuu; y Juan Carlos de la Cruz Ortiz, revisor fiscal y contador de la entidad, por presuntas irregularidades en contratación.
Los hechos investigados están relacionados con un contrato suscrito en junio de 2015 con la Alcaldía de Manaure (La Guajira), cuyo valor ascendió a 8.000 millones de pesos y el plazo de ejecución se pactó en cinco meses. Parte de los recursos provenían de regalías.
El citado contrato tenía por objeto la recuperación nutricional de 2.000 familias Wayuu (8.182 personas) en estado de vulnerabilidad, que debían recibir servicios médicos, seguimiento mensual con exámenes antropométricos, entrega de mercados y agua potable para enfrentar la desnutrición y otras enfermedades ocasionadas por la fuerte sequía del fenómeno de El Niño.
El material de prueba da cuenta de que los hoy procesados habrían desconocido los principios de planeación, trasparencia y economía; y, al parecer, se apropiaron de 2.839 millones de pesos, que correspondían a dineros públicos. Adicionalmente, se conoció que la IPS, supuestamente, no tenía la idoneidad ni la capacidad logística para ejecutar el contrato.
En ese sentido, una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción les imputó los delitos de: interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad en documento privado, y cohecho por dar u ofrecer. Los cargo no fueron aceptados.
En el curso de las audiencias concentradas, la Fiscalía expuso otras aparentes inconsistencias como:
Julio César Castillo, gerente financiero de la IPS, habría girado, endosado y cobrado para sí mismo cheques por valor de 3.000 millones de pesos.
La IPS subcontrató con tres empresas la ejecución del 40% del proyecto.
900 millones de pesos destinados a la compra de mercados no se utilizaron, algunas ayudas no se adquirieron y otros, que se compraron, presentarían sobrecostos de 50%.
El agua potable no fue entregada en botellones o envases plásticos, se hizo a través de carro tanques.
De los 8.000 beneficiados definidos hay registro de atención a 1.621 personas en la fase uno del proyecto.
Se reportó la contratación de 127 personas para la ejecución del contrato; sin embargo, muchos de estos contratistas hicieron trabajos esporádicos que fueron facturados por cifras superiores a $58’000.000.
En los registros figuran visitas a dos o tres comunidades en un mismo día, algo imposible de cumplir teniendo en cuenta las distancias de 5 a 6 horas entre los pueblos Wayuu.
Se facturaron los servicios de traductores de lengua wayuunaiki. Esta labor la realizaron conductores, vacunadoras o auxiliares de enfermería.
La lucha contra la corrupción fue definida como una prioridad por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, en el Direccionamiento Estratégico 2020 – 2024.