La demanda que un juez de Bogotá falló en favor de Piedad Córdoba tiene origen en la campaña de desprestigio que desde el DAS se gestó contra la ex senadora.
Con la decisión que resuelve en primera instancia la demanda se ordena el pago de 300 salarios mínimos, al menos 240 millones de pesos y a sus familiares aproximadamente 192 millones.
El juez concluyó en el fallo que la ex senadora efectivamente fue víctima de las llamadas «chuzadas» que se adelantaron desde el Departamento Administrativo de Seguridad – DAS y que esas interceptaciones ilegales derivaron en una campaña de desprestigio.
«Intimidad, honra y buen nombre» fueron los derechos vulnerados en criterio del juez y representan el daño causado por el Estado y que también motiva una orden para pedir perdón a Piedad Córdoba.