La falta de acreditación de cinco años de experiencia académica fue determinante para que el alto tribunal dejara sin efecto su designación para el período 2026-2030.
La Universidad Popular del Cesar (UPC) deberá afrontar un nuevo escenario institucional luego de que el Consejo de Estado declarara la nulidad de la designación de Guillermo Andrés Echavarría Gil como rector para el período 2026-2030, al concluir que no cumplió con uno de los requisitos exigidos para ejercer el cargo.
La decisión de la Sección Quinta del alto tribunal se fundamentó en que el directivo no logró demostrar documentalmente los cinco años de experiencia académica en instituciones de educación superior, condición indispensable para aspirar a la rectoría de la institución.
En el análisis del proceso, los magistrados determinaron que los soportes presentados durante la inscripción no acreditaban el tiempo de experiencia requerido. También encontraron deficiencias en la justificación del Tribunal de Garantías Electorales de la universidad, organismo que había permitido continuar la candidatura al considerar que el aspirante reunía seis años de trayectoria académica, sin explicar suficientemente cómo llegó a esa conclusión.
La elección de Echavarría, definida el 9 de marzo de 2026 mediante el Acuerdo 011 del Consejo Superior Universitario, estuvo rodeada de cuestionamientos desde su realización, particularmente por las circunstancias de la sesión en la que se tomó la decisión y la participación de Juliana Guerrero.
Sin embargo, el Consejo de Estado concentró su fallo en el incumplimiento de los requisitos de experiencia y las inconsistencias en la evaluación de los documentos que respaldaron su habilitación. Otros argumentos de la demanda, relacionados con una presunta inhabilidad y desviación de poder, no fueron probados durante el proceso judicial.
Con esta sentencia, adoptada en única instancia, queda sin efectos jurídicos la designación de Echavarría como rector de la UPC. El alto tribunal ordenó que, una vez la providencia quede ejecutoriada, se proceda al archivo del expediente.
La determinación representa un nuevo capítulo en la controversia por la dirección de la principal institución pública de educación superior del Cesar.