El Cerrejón enfrenta un nuevo capítulo del pleito jurídico por su Plan de Manejo Ambiental Integrado, la demanda en su contra busca dejar sin efectos legales al Plan y generar el cierre definitivo e inmediato de la operación.
Los miembros de la comunidades indígenas y organismos de la ONG, serían quienes decidieron interponer la denuncia, pues uno de los argumentos que sostiene el texto asegura que hace falta mayor control y seguimiento por parte de las autoridades ambientales.
Adicional a eso, manifiestan que hubo un desconocimiento en el derecho de participación de la población en el proyecto, pues según ellos esta actividad minera ha generado crisis alimentaria y vulneración de los derechos especialmente el de los niños.
Sin embrago, El Cerrejón rechazó por completo los cuestionamientos y dijo que continuará en la ruta de asegurar una operación responsable y respetuosa, que genere valor económico, social, ambiental e individual, en La Guajira y todo el territorio nacional.
Por su parte, El Consejo de Estado tendría diez días para fallar esta demanda, la cual ha generado una gran incertidumbre en la población teniendo en cuenta que la multinacional es una de las más grandes fuentes de empleo del país y de cerrarse la mina alrededor de 12 mil empleados se verían afectados.