El presidente venezolano, Nicolás Maduro, asume este viernes su tercer mandato consecutivo, entre acusaciones de fraude y aislamiento internacional, pero con el apoyo de los militares y el resto de los poderes del Estado a sus pies.
La investidura se produce un día después de una marcha opositora que terminó con la denuncia de un breve arresto de su líder María Corina Machado, que el gobierno negó y calificó de “invento”, mientras el plan de Edmundo González Urrutia de asumir el cargo se vuelve cada hora más improbable.
Maduro movilizó a sus seguidores el jueves y llamó a “salir a las calles por millones” para su juramentación. “El 10 juro con Maduro por el futuro”, reza uno de sus eslogan.
“Maduro no se va, se queda”, zanjó la manifestante chavista Coromoto Maguali, de 65 años.
El acto está previsto para el mediodía (16H00 GMT) en la sede del Parlamento, que el chavismo controla.
En los alrededores del legislativo y el resto de los poderes públicos, en el centro de Caracas, fueron desplegados centenares de agentes de seguridad fuertemente armados, parte de un plan de “defensa” nacional de Maduro.
Las autoridades anunciaron el viernes de madrugada el cierre de la frontera con Colombia hasta el lunes ante la supuesta “información de una conspiración internacional para perturbar la paz de los venezolanos”, dijo el gobernador del fronterizo estado Táchira, Freddy Bernal.
Las denuncias de planes para derrocar a Maduro son frecuentes, y Colombia y Estados Unidos normalmente los responsables.
Washington -que niega cualquier complot- ha expresado su reconocimiento a González Urrutia, que visitó la Casa Blanca esta semana. El próximo presidente, Donald Trump, se refirió a él el jueves como “presidente electo”.
Breve arresto
Machado salió de la clandestinidad el jueves para participar de una protesta contra la investidura de Maduro.
“Hoy toda Venezuela salió a la calle”, celebró Machado ante centenares de seguidores, con quienes antes cantó el himno nacional. “¡No tenemos miedo!”, repitió, siguiendo el coro de los manifestantes.
Después de su discurso, subió a una moto y partió. Pocos minutos después una confusión comenzó con la noticia de un arresto, que el gobierno tachó de “invento” y “mentira”. Su equipo político luego reportó que fue “retenida por la fuerza” y luego liberada.
La fiscalía lo tildó de “operación psicológica”.
“Si la decisión fuera detenerla, ya estuviera detenida”, dijo por su parte el ministro del Interior, Diosdado Cabello.
El incidente fue condenado por países como España, Colombia y Chile. Trump calificó a Machado y a González Urrutia como “luchadores por la libertad”.
Machado informó en redes que el viernes explicaría lo ocurrido “y lo que viene”. “Yo estoy ahora en un lugar seguro y con más determinación que nunca”, escribió en la red social X.
Reforma constitucional
En el poder desde 2013, ungido por el fallecido Hugo Chávez, Maduro ha gobernado con mano de hierro con apoyo de la Fuerza Armada. Ha sido tachado de “dictador” por sus detractores.
“El sector militar es aún más crucial de lo que ya era antes de la elección para decidir si permanece el gobierno de Maduro o si se abre la posibilidad de una transición”, explicó a la AFP Mariano de Alba, abogado especialista en relaciones internacionales.
González Urrutia ha llamado a los uniformados a reconocerlo, pero la jerarquía ha jurado “lealtad absoluta” a Maduro.
El opositor visitó el jueves República Dominicana, última escala de una gira internacional que debía culminar en un vuelo privado a Caracas para intentar jurar por la presidencia. No hay información de esa u otra estrategia.
Mientras, Maduro promete un tercer mandato de “paz” y recuperación económica, tras pasar buena parte de sus 12 años en el poder en recesión, alta inflación y escasez. Más de siete millones de venezolanos migraron huyendo de la crisis, según la ONU.
En el horizonte, eventuales nuevas sanciones con la llegada de Trump, que en su primer gobierno impuso un embargo petrolero.
Y de cara al próximo sexenio, propone una “gran reforma” a la Constitución, que sigue el camino de la aprobación de nuevas leyes que, según expertos, merman las libertades.