Según la jueza, las pruebas presentadas por la Fiscalía en el juicio fueron lo suficientemente sólidas como para anunciar contra Uribe un «fallo de carácter condenatorio por las conductas punibles de soborno en actuación penal, en concurso homogéneo en tres oportunidades y en concurso heterogéneo en relación con el fraude procesal».
y Heredia anticipó que para estos delitos la ley prevé una condena de «un monto superior a cuatro años e inferior a ocho», aunque consideró que Uribe, de quien elogió al comienzo de la jornada su «gallardía y cordialidad», «se hace merecedor de la prisión domiciliaria como sustitutiva de la pena de prisión».
Sin embargo, la fiscal del caso, Marlene Orjuela, pidió una pena mayor, de nueve años, y una multa de 1.025 salarios mínimos legales vigentes, que equivalen a 1.458 millones de pesos.
La defensa apelará el fallo
«La defensa discrepa jurídicamente de las valoraciones expresadas en el sentido del fallo por la juez, las cuales serán debatidas por los canales legales establecidos para ello. Esta no es una decisión definitiva: la presunción de inocencia del expresidente Uribe permanece intacta y aún existen recursos pendientes», afirmó el equipo de abogados del exmandatario.
Los defensores de Uribe, encabezados por el letrado Jaime Granados, agregaron en un comunicado «que el fallo será apelado ante el Tribunal Superior de Bogotá, como lo permite la ley. Y, de ser necesario, se acudirá a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia», lo que indica que la resolución definitiva del caso puede prolongarse incluso años.
Además de los dos delitos por los cuales fue condenado, Uribe fue absuelto de un tercero, de soborno simple, todos como parte de un proceso que él mismo inició en 2012 cuando demandó ante la Corte Suprema de Justicia por supuesta manipulación de testigos al congresista de izquierda Iván Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Senado en su contra por sus supuestos vínculos con los paramilitares.
Sin embargo, el magistrado José Luis Barceló, que recibió la demanda, decidió no investigar a Cepeda y sí a Uribe por presunta manipulación de testigos para que no declararan en su contra.
En el proceso fue clave Diego Cadena, un oscuro abogado, que también responde en juicio, por haber sido la persona que visitó a exparamilitares en varias cárceles para ofrecerles beneficios a cambio de que cambiaran sus testimonios sobre Uribe o involucraran a Cepeda en la supuesta compra de testigos.
Pese a que la defensa argumentó que Cadena actuó por su cuenta, la jueza consideró probado que lo hizo instigado por Uribe, a quien señaló como «determinador».
«Diego Javier Cadena Ramírez, se dedicó a encadenar personas, acciones y delitos, forjando un entramado delictivo en donde cada eslabón tenía un propósito asignado. Eso sí, con una consigna inquebrantable, resguardar la identidad del verdadero instigador», señaló la jueza.
Heredia definió a Uribe como «el hombre más poderoso del país», mientras que de Cadena dijo que «era un abogado en ascenso, con grandes aspiraciones profesionales» y con «carencias intelectuales» que vio en el acercamiento al expresidente «la expectativa de tener la oportunidad de escalar a una posición de poder y prestigio profesional».
La inédita condena contra Uribe fue acatada por los abogados del senador Cepeda y provocó una ola de reacciones tanto de respaldo a la decisión de la jueza como de apoyo a Uribe.