La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, respondió al ministro del Interior, Rodrigo Lara, y reiteró sus cuestionamientos sobre la manera en que el Gobierno comunica los resultados de las operaciones militares contra grupos armados ilegales.
Marín señaló que espera que el presidente y el Gobierno revisen la forma en que presentan públicamente los resultados operacionales, especialmente cuando se muestran imágenes de personas muertas durante los operativos.
La funcionaria sostuvo que su llamado no busca cuestionar el deber del Estado de enfrentar a los grupos armados, sino recordar que las actuaciones de las autoridades deben respetar la dignidad humana y los límites establecidos por el derecho internacional humanitario.
La controversia comenzó luego de que Marín cuestionara la exposición pública de cuerpos como parte de la presentación de resultados de operaciones militares. En ese momento afirmó que el Estado no debe entrar en una competencia para demostrar quién puede ser “más cruel”.
Lara calificó sus declaraciones como una “triste equivocación”
El ministro del Interior rechazó las afirmaciones de la defensora y aseguró que estas podían interpretarse como una equiparación entre el Estado y las organizaciones criminales.
Lara sostuvo que esa equivalencia no corresponde y defendió la actuación de la Fuerza Pública frente a estructuras que, según señaló, utilizan drones, reclutan menores y ejercen violencia contra la población.
El jefe de la cartera política también afirmó que el Gobierno está dejando atrás la política de ‘Paz Total’ y continuará utilizando las herramientas del Estado para combatir a los grupos armados.
Marín pide pasar de la discusión a la coordinación
Tras la respuesta del ministro, la defensora propuso dejar atrás la confrontación pública y fortalecer el trabajo conjunto entre las instituciones.
Marín planteó avanzar en el seguimiento de las alertas tempranas en las regiones priorizadas y atender problemáticas como el uso de drones, el reclutamiento, la expansión territorial de grupos armados y la criminalidad organizada, además del confinamiento y el desplazamiento forzado.
La defensora aseguró que estas situaciones están documentadas en los informes y alertas tempranas de la entidad y reiteró la disposición de la Defensoría para trabajar con el Gobierno en la prevención de nuevas vulneraciones y en la protección de las comunidades afectadas por la violencia.