La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, ordenó en las últimas horas el retiro de la fiscal de apoyo que había sido asignada para acompañar la nueva investigación contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro. El caso, que ya estaba rodeado de controversias, se centra en la imputación de cargos por tráfico de influencias, audiencia que se llevará a cabo el próximo 1 de octubre, en la que incluso se podría solicitar medida de aseguramiento en centro carcelario.
La decisión de Camargo se produce luego de la carta enviada por la fiscal del caso, Lucy Laborde, en la que denunció presiones indebidas y cuestionó la asignación “inconsulta” de una fiscal de apoyo proveniente de la Dirección de Lavado de Activos de Bogotá. Laborde, quien adelanta el nuevo proceso contra Nicolás Petro desde Barranquilla, aseguró que nunca solicitó acompañamiento y que esta designación le generaba suspicacias.
El nombramiento de la fiscal de apoyo había despertado críticas de sectores políticos y de la opinión pública, que lo interpretaron como una posible interferencia en el proceso. La polémica se intensificó cuando Laborde señaló que hubiera necesitado ese tipo de apoyo en la acusación inicial contra Nicolás Petro —por el presunto desvío de dineros destinados a la campaña presidencial de su padre—, proceso que ya está en etapa de juicio.
Este nuevo capítulo se suma a un historial de tensiones en el caso. Anteriormente, el fiscal Mario Burgos fue retirado del expediente mediante un cuestionado procedimiento disciplinario, lo que alimentó las suspicacias sobre la independencia de la investigación. Además, la controversia ha escalado al plano político, luego de que el presidente Petro insinuara que Laborde estaría filtrando información a periodistas, algo que la Fiscalía ha negado de manera categórica.