El compositor Rafael Enrique Manjarrez Mendoza, reconocido por su amplia trayectoria en la música vallenata y actual presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (SAYCO), destacó la aprobación del Proyecto de Ley 373 de 2025, una iniciativa que busca reconocer, promover y fortalecer el sector de la música en el país, además de reforzar la protección de los derechos de autor.
El pronunciamiento fue realizado durante la Asamblea General de la Confederación Internacional de Sociedades de Gestión Colectiva (CISAC), donde Manjarrez participó como presidente gremial de SAYCO y vicepresidente del Comité Latinoamericano y del Caribe de la organización. En compañía del gerente general de SAYCO, César Ahumada, expresó su satisfacción por la aprobación de la iniciativa legislativa por parte del Congreso de la República.
“Es de gran orgullo la evolución que hemos tenido como país y como sociedad en aras de la preservación de los derechos y las oportunidades de los artistas. Es aún más gratificante poder traer a colación en estos espacios los avances significativos que tenemos dentro del país, pues esto nos reconoce como una nación libre, diversa y cultural, pero también como un país que respalda con acciones concretas la preservación de los derechos de autor y conexos”, manifestó Manjarrez.
Uno de los aspectos más relevantes de la nueva legislación, según explicó el presidente de SAYCO, está contenido en el artículo 21, denominado ‘Gestión fraudulenta’, el cual establece medidas para combatir a quienes, sin ser sociedades de gestión colectiva ni representar legalmente a los titulares de derechos, autorizan la comunicación pública de obras musicales y realizan cobros indebidos.
De acuerdo con Manjarrez, esta disposición permitirá ‘meter en cintura’ a quienes calificó como ‘recaudadores impropios’, personas o empresas que, bajo la figura de una supuesta gestión individual, cobran recursos a empresarios y usuarios de la música sin tener la representación legal de los autores y compositores, apropiándose de dineros que pertenecen a los verdaderos titulares de los derechos.
Con esta nueva normativa, el Gobierno nacional y el Congreso buscan fortalecer el ecosistema musical colombiano, garantizar una mayor protección para los creadores y brindar seguridad jurídica a quienes hacen uso legal de las obras musicales en el país.