Los exdirectivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López y Sneyder Pinilla, fueron trasladados a la cárcel La Picota, en Bogotá, por decisión del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
Ambos permanecían bajo custodia mientras avanzan los procesos judiciales relacionados con el escándalo de corrupción que involucró recursos de la UNGRD.
El traslado generó polémica luego de que el presidente Abelardo de la Espriella difundiera imágenes en las que se observa a López y Pinilla esposados de pies y manos. El mandatario aseguró que la decisión se tomó por instrucción suya y defendió que quienes enfrentan procesos por presunta corrupción deben permanecer en los establecimientos de reclusión que determine la autoridad competente.
“Quien toque la plata pública tendrá que responder ante la justicia”, manifestó el jefe de Estado, al insistir en que durante su Gobierno no existirán condiciones especiales para personas privadas de la libertad por su nivel de poder, recursos o influencias.
De la Espriella también sostuvo que no habrá “cárceles VIP” ni privilegios para los procesados y reiteró que la justicia debe aplicarse sin distinciones.
Sin embargo, la medida fue cuestionada por la defensa de Sneyder Pinilla. Su abogado, Gustavo Moreno, confirmó que el Inpec había ordenado el traslado desde una guarnición militar y pidió suspender la decisión.
El jurista argumentó que existiría una orden judicial vigente que establece que Pinilla debe permanecer recluido en un centro militar. Además, recordó que su cliente ha colaborado con las autoridades dentro del proceso y advirtió sobre la necesidad de garantizar su seguridad e integridad.
La controversia queda ahora en manos de las autoridades judiciales, que deberán determinar el alcance de las decisiones relacionadas con el lugar de reclusión de Pinilla, mientras ambos exfuncionarios continúan vinculados al proceso por el millonario escándalo de la UNGRD.