El proceso judicial que enfrenta el periodista Jorge Alfredo Vargas por presunto acoso sexual registró un cambio significativo luego de que tres de las cuatro mujeres señaladas como presuntas víctimas manifestaran su decisión de no participar en el juicio.
Las mujeres enviaron una carta a la fiscal quinta delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Patricia Hernández Zambrano, en la que expresaron que renuncian a ser representadas dentro del proceso y que tampoco tienen intención de rendir declaración en un eventual juicio.
En el documento, las firmantes sostienen que nunca presentaron una denuncia penal contra el reconocido periodista. Aseguran que lo ocurrido fue un reclamo de carácter laboral, el cual, según indican, fue tramitado internamente por Caracol Televisión.
A diferencia de ellas, una cuarta presunta víctima decidió continuar vinculada al proceso y designó como su representante a la abogada Ana Bejarano Ricaurte.
Durante la audiencia preparatoria, tanto la representante de la víctima como la fiscal solicitaron que se protegiera la identidad de las denunciantes y que las diligencias judiciales se desarrollaran bajo reserva.
Sin embargo, la juez María Teresa Santacruz adoptó una decisión distinta a la esperada. Si bien ordenó que la audiencia fuera reservada, también dispuso que la identidad de las presuntas víctimas fuera conocida por el procesado y por su equipo de defensa, integrado por la exvicefiscal general María Paulina Riveros y el abogado penalista Juan David Bazani.
La determinación generó un nuevo episodio dentro del proceso, ya que la abogada Ana Bejarano manifestó que el poder otorgado por su representada no le permitía revelar su identidad. Ante esa situación, la juez ordenó que abandonara la diligencia.
Pese a la decisión de tres de las presuntas víctimas de apartarse del caso, la investigación podría continuar. En Colombia, el delito de acoso sexual puede ser investigado de oficio por la Fiscalía, sin que exista una denuncia formal por parte de la víctima.
No obstante, las mujeres podrían ser llamadas a declarar como testigos y conservarían el derecho legal de abstenerse de rendir testimonio. De mantenerse esa posición, la fortaleza probatoria del proceso podría verse afectada, ya que en el sistema penal oral los testimonios rendidos directamente en audiencia tienen un peso determinante frente a declaraciones escritas presentadas previamente en escenarios administrativos o laborales.