El Ministerio de Educación realizará una revisión sobre los recursos, contratos y decisiones administrativas de la institución. La información también fue remitida a la Fiscalía General de la Nación.
Una revisión sobre el manejo de los recursos públicos y las actuaciones administrativas de la Universidad de La Guajira fue anunciada por el Gobierno nacional durante una jornada de trabajo realizada en Riohacha.
El presidente Abelardo de la Espriella confirmó que solicitó al Ministerio de Educación adelantar una investigación para establecer si existen irregularidades relacionadas con el uso del presupuesto destinado a la institución, así como en procesos de contratación y decisiones adoptadas por la administración universitaria.
La información que llegó al Gobierno nacional también fue puesta en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, entidad que deberá determinar, dentro de sus competencias, si los hechos reportados podrían tener alguna relevancia penal.
Durante su intervención, el mandatario señaló que las actuaciones de las autoridades no estarán condicionadas por vínculos políticos o personales y que, de encontrarse responsabilidades, estas deberán ser determinadas conforme a la ley.
“Aquí nadie tiene corona. Yo no vine aquí a proteger a nadie. El que viola la ley, la paga”, afirmó De la Espriella.
Gobierno designará nueva representante ante el Consejo Superior
Como parte de las medidas anunciadas, el presidente informó que Maritza León Vanegas asumirá como nueva delegada del Gobierno nacional ante el Consejo Superior de la Universidad de La Guajira.
La designación se produce en medio del proceso de revisión que adelantará el Ejecutivo sobre diferentes aspectos relacionados con la administración de la institución.
De la Espriella también se refirió a la autonomía universitaria y precisó que esta debe coexistir con los mecanismos de vigilancia y control establecidos por la legislación colombiana.
“Yo respeto la autonomía universitaria, pero autonomía no significa ausencia de controles, ni inmunidad frente a la ley”, manifestó el mandatario.
El proceso permitirá establecer si existen irregularidades y, de ser así, determinar las responsabilidades correspondientes. Por ahora, las actuaciones anunciadas constituyen una fase de investigación y no implican, por sí mismas, que se hayan establecido responsabilidades contra directivos o funcionarios de la universidad.
El jefe de Estado sostuvo que el propósito de las actuaciones es esclarecer los hechos y garantizar que los recursos públicos destinados a la educación superior sean administrados conforme a la ley.