La Corte Constitucional emitió medidas cautelares urgentes y transitorias para proteger a las niñas y niños Wayuu del corregimiento de Jojoncito, en Uribia, La Guajira, ante el grave riesgo sanitario generado por la contaminación de la principal fuente de abastecimiento de agua de la comunidad.
La decisión fue adoptada después de que una comisión del alto tribunal realizara una inspección en el territorio el pasado 27 de agosto, durante la cual constató las condiciones del reservorio utilizado por la población. Según lo observado, el agua presentaba una coloración verdosa y una posible contaminación con materia fecal de animales.
Ante esta situación, la Corte ordenó a la Alcaldía de Uribia y a ESEPGUA garantizar el suministro de agua potable a la comunidad en un plazo máximo de 48 horas.
El abastecimiento deberá realizarse mediante carrotanques de la Alcaldía y tanques de almacenamiento de ESEPGUA. Además, las entidades tendrán que presentar un primer plan de distribución dentro de las siguientes 24 horas, mientras que el esquema definitivo de rutas y frecuencias deberá estar listo en un máximo de cinco días.
Filtros y purificadores deberán instalarse en 15 días
La Corte también impartió órdenes al Ministerio de Vivienda para que, dentro de un plazo de 15 días hábiles, instale filtros o sistemas de purificación de agua que sean adecuados para las condiciones de la zona.
Antes de ejecutar esta medida, el Ministerio deberá realizar una reunión técnica con la comunidad en un plazo de 10 días, con el propósito de establecer las alternativas más apropiadas para garantizar la calidad del agua.
De igual manera, las entidades responsables del almacenamiento y distribución deberán implementar un protocolo escrito de limpieza y desinfección de los tanques, como medida adicional para reducir los riesgos sanitarios.
La solución definitiva deberá ser un acueducto sostenible
El alto tribunal precisó que el suministro mediante carrotanques constituye únicamente una medida temporal para atender la emergencia.
Por ello, estableció un plazo de 30 días hábiles para que las autoridades presenten un proyecto encaminado a garantizar una solución definitiva de infraestructura para el abastecimiento de agua potable, mediante un sistema de acueducto sostenible para la comunidad.
La decisión busca evitar que la población continúe dependiendo de fuentes de agua que puedan representar riesgos para la salud, especialmente para los niños y niñas.
Corte pide revisar situación en otros municipios
Además de las medidas dirigidas específicamente a Jojoncito, la Corte Constitucional exhortó al Viceministerio de Agua a evaluar si situaciones similares de deterioro de las fuentes hídricas se están presentando en otras comunidades de Riohacha, Uribia, Manaure y Maicao.
La revisión pretende identificar posibles patrones de contaminación y prevenir nuevas emergencias sanitarias en estos cuatro municipios, priorizados en el marco de la Sentencia T-302.
Finalmente, la Procuraduría General de la Nación tendrá a su cargo el seguimiento al cumplimiento de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional.