La investigación está relacionada con su gestión como alcalde de La Jagua de Ibirico entre 2012 y 2015. La Corte señala presuntas irregularidades en un contrato destinado a atender a población vulnerable.
El senador de Cambio Radical Didier Lobo Chinchilla deberá enfrentar un juicio ante la Corte Suprema de Justicia por presuntas irregularidades cometidas durante su administración como alcalde de La Jagua de Ibirico, Cesar.
La Sala Especial de Instrucción del alto tribunal lo acusó por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros, y ordenó que el expediente pase a la Sala Especial de Primera Instancia, encargada de adelantar la etapa de juzgamiento.
El proceso no está relacionado con su actual condición de congresista, sino con hechos ocurridos durante su administración municipal, entre los años 2012 y 2015.
El contrato bajo investigación
La investigación se concentra en el contrato 340 de 2012, cuyo valor ascendió a $15.295 millones. El acuerdo fue suscrito con la Unión Temporal Servicios Nutricionales Complementarios y tenía como propósito suministrar paquetes alimentarios a niños y niñas con desnutrición o en riesgo de padecerla, así como a madres gestantes y lactantes.
De acuerdo con la Corte Suprema, durante el proceso contractual se habrían presentado varias irregularidades relacionadas con la estructuración de los precios y los estudios previos.
Entre los hallazgos mencionados por el tribunal se encuentra la ausencia de un estudio de mercado que cumpliera con las condiciones necesarias, pese a advertencias formuladas previamente por el Departamento Nacional de Planeación.
La Corte también cuestionó que se aplicaran diferentes incrementos a los precios de los alimentos sin una explicación suficiente y que algunos documentos utilizados como soporte del proceso aparecieran con fechas posteriores al supuesto estudio de mercado.
Para el alto tribunal, estas circunstancias podrían indicar que algunos documentos fueron elaborados posteriormente con el propósito de darle apariencia de legalidad al proceso contractual.
Millonarios sobrecostos
Otro de los aspectos centrales de la investigación tiene que ver con los valores pagados por diferentes componentes del contrato.
Según la Corte, se habría generado un sobrecosto de al menos $1.077 millones en los productos alimenticios, mientras que el detrimento patrimonial calculado en el proceso asciende a aproximadamente $1.492 millones.
La investigación también incluye el pago de $27 millones por una caracterización de los posibles beneficiarios, actividad que, según el tribunal, correspondía realizar directamente al municipio.
A esto se suman cerca de $390 millones destinados al alquiler de vehículos para desarrollar esa misma labor de caracterización.
La responsabilidad que atribuye la Corte
La Corte Suprema señaló que no encontró pruebas de que Didier Lobo se hubiera apropiado directamente de los recursos públicos.
Sin embargo, considera que, en su condición de alcalde y ordenador del gasto, tuvo participación en la contratación, pues suscribió el contrato y posteriormente firmó la mayoría de los comprobantes de egreso relacionados con el mismo.
Para el tribunal, las irregularidades detectadas eran situaciones que el entonces mandatario municipal habría podido advertir.
Por esta razón, el delito de peculado no se plantea como un supuesto enriquecimiento personal de Lobo, sino como una apropiación en beneficio de terceros, específicamente del contratista.
Antecedentes disciplinarios
Este caso ya había generado consecuencias disciplinarias para el dirigente político.
En 2020, la Procuraduría General de la Nación suspendió a Lobo durante seis meses por estos mismos hechos, decisión que posteriormente fue confirmada en 2021.
Ahora, el proceso entra en una nueva etapa en la Corte Suprema de Justicia, donde será la Sala Especial de Primera Instancia la que adelante el juicio.
Lobo mantiene su defensa
El senador Didier Lobo ha rechazado las acusaciones y ha negado que se hayan producido los sobrecostos señalados por la Corte.
El congresista sostiene que los estudios previos y de mercado no fueron elaborados directamente por él y que, durante su administración, actuó dentro de las funciones que le correspondían como alcalde.
También ha manifestado que no tenía conocimiento de las inconsistencias que posteriormente fueron encontradas en el estudio de mercado y que sus contactos con personas relacionadas con el contratista se produjeron cuando el contrato ya había sido suscrito.
Lobo ha recordado, además, que la Contraloría lo absolvió de responsabilidad fiscal dentro de este caso y ha insistido en que se debe respetar su presunción de inocencia.
Su defensa presentó un recurso de reposición contra la decisión de acusación y sostiene que la discusión de fondo deberá darse ante el juez encargado de la etapa de juzgamiento.
Mientras el proceso judicial continúa, Didier Lobo permanece en el Senado de la República, donde fue reelegido para el periodo constitucional 2026-2030.