El Gobierno Nacional avanza en la elaboración de un proyecto de decreto de emergencia económica, social y ecológica por grave calamidad pública, como respuesta a la creciente crisis migratoria que enfrenta el país.

Así lo confirmó un funcionario del Ministerio del Interior desde el Puesto de Mando Unificado durante una intervención conjunta con autoridades nacionales y territoriales.

De acuerdo con lo señalado, el Ejecutivo ya cuenta con un documento consolidado que ha sido construido con el liderazgo de ministros y viceministros, el cual servirá de base para la eventual declaratoria de emergencia.

Este documento se encuentra a la espera de instrucciones de la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), así como del presidente de la República y del ministro del Interior, para proceder con su firma una vez se configure formalmente el escenario de grave calamidad.

El funcionario explicó que la declaratoria de emergencia se sustenta en la necesidad de adoptar medidas excepcionales, urgentes y extraordinarias, que no podrían implementarse a través de los mecanismos ordinarios disponibles actualmente.

Estas acciones estarían orientadas a atender de manera integral los impactos derivados del aumento de los flujos migratorios y sus consecuencias sociales, económicas y humanitarias.

Asimismo, anunció que el Gobierno Nacional convocó al gobernador encargado del departamento y a los alcaldes de los municipios involucrados para que participen en un proceso de concertación y articulación del decreto de emergencia.

El objetivo es lograr un enfoque coordinado entre la Nación y las entidades territoriales frente a la situación que se presenta.

El proyecto de decreto solo adquiriría vida jurídica una vez sea expedido por el presidente de la República, quien tendrá la facultad de declarar la emergencia conforme a lo establecido en la Constitución.

Mientras tanto, las autoridades continúan evaluando el alcance de la crisis migratoria y las medidas necesarias para atenderla de manera oportuna.

Otros anuncios oficiales

Desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) instalado en Norte de Santander, la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez, advirtió sobre los múltiples y complejos desafíos que enfrenta Colombia en la zona de frontera con Venezuela, especialmente en regiones como el Catatumbo, donde hay economías ilegales, grupos armados y vulnerabilidades sociales.

La directora del Dapre aprovechó la oportunidad y fue enfática en afirmar que el presidente Gustavo Petro fue elegido de forma democrática, en forma de rechazo a las acusaciones del gobierno de Estados Unidos contra el mandatario.

Aumento del pie de fuerza en la frontera

Rodríguez señaló que la frontera colombo-venezolana, que supera los 2.200 kilómetros de extensión, representa un reto permanente para el Estado, pese a la presencia de más de 30.000 efectivos de la Fuerza Pública.

En particular, alertó sobre el riesgo adicional que implica la actuación de organizaciones criminales transnacionales como el Tren de Aragua y el ELN, que amenazan la seguridad de la población civil y la estabilidad institucional.

La funcionaria enfatizó en la necesidad de brindar protección especial a niños, niñas y adolescentes, así como a los pueblos indígenas ubicados en la zona interfronteriza y a las víctimas del conflicto armado interno.

En ese sentido, habló del papel de las organizaciones sociales y comunitarias en los procesos de construcción de paz y en la definición de rutas humanitarias para atender a la población afectada.

En el plano diplomático, anunció que Colombia convocó una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para el próximo lunes 05 de enero, además de solicitar encuentros extraordinarios del Consejo Permanente de la OEA y de cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), con el objetivo de articular una posición regional frente a la coyuntura actual.

Como parte de las conclusiones, Rodríguez informó que el Gobierno avanza en la preparación y asignación de recursos para la atención integral de la población colombiana en la frontera, bajo un enfoque preventivo y de soluciones duraderas para las víctimas.

Alistamiento de las Fuerzas Militares

También anunció la operación plena de una unidad móvil en Tibú, el fortalecimiento de equipos interinstitucionales en el territorio y el primer grado de alistamiento de las Fuerzas Armadas para atender eventuales situaciones de seguridad y garantizar la soberanía e integridad territorial.

A esto se suma el despliegue de 30.000 soldados en la frontera con Venezuela, priorizando las zonas críticas.

Finalmente, la directora del Dapre confirmó que Migración Colombia cuenta con una herramienta tecnológica para identificar y registrar a los ciudadanos extranjeros que ingresen al país, con el propósito de mejorar el control de los flujos migratorios.

Luis José Rodríguez, abogado con sólida formación en Derecho Público y Gestión Pública, asume la Contraloría departamental con una trayectoria destacada en el sector público, la academia y el control administrativo, tanto en el ámbito municipal como departamental y nacional.

Es abogado de la Universidad Libre (2011) y cuenta con una amplia preparación académica que respalda su ejercicio profesional. Es especialista en Derecho Administrativo por la Universidad Externado de Colombia (2013), especialista en Gestión Pública de la ESAP (2016), especialista en Derecho Público de la Universidad Popular del Cesar (2024) y Máster Universitario en Dirección en la Gestión Pública por la Universidad Internacional de La Rioja – UNIR (2025).

Inició su práctica jurídica en el INPEC, experiencia que le permitió profundizar en la defensa del debido proceso y los derechos fundamentales. Posteriormente se desempeñó como Asesor Jurídico de la Secretaría de Tránsito de Valledupar (2012–2013) y como Asesor Jurídico del IDREEC ESE (2014–2017), donde acompañó procesos financieros, contractuales y administrativos.

Entre 2017 y 2018 fue Asesor Jurídico Especializado en la Gobernación del Cesar, y en el periodo 2018–2019 ejerció como Secretario de Educación Departamental del Cesar, gestión durante la cual el departamento se posicionó como el primero de la Costa Atlántica en resultados de las Pruebas Saber, logro que evidenció avances significativos en calidad educativa.

Su experiencia en control y régimen disciplinario incluye su labor como Asesor Jurídico en Control Disciplinario Interno de la Unidad Nacional de Protección (2020–2021). Desde 2021 se desempeña como Secretario General de la Universidad Popular del Cesar y Jefe de Control Disciplinario de Juzgamiento, cargos desde los cuales ha fortalecido la transparencia, el cumplimiento normativo y el buen gobierno institucional.

La elección de Rodríguez como Contralor representa la llegada de un profesional con formación técnica, experiencia integral en la administración pública y un compromiso demostrado con la legalidad, la eficiencia del gasto público y la defensa del interés general.