En una carta al presidente de la República, Gustavo Petro, la empresa Air-e le comunicó sobre los problemas financieros que afrontan como consecuencia de las deudas que tienen con esta compañía el Gobierno nacional y las zonas de difícil gestión, entre otras entidades.

Se pudo confirmar con una fuente del sector eléctrico que la empresa tiene deudas por cobrar por $1.8 billones relacionados con la facturación por la prestación del servicio, la opción tarifaria y los subsidios para los estratos 1, 2 y 3. Estos recursos son fundamentales para mantener la operatividad de la empresa y honrar los compromisos con los acreedores.

El problema más crítico es el incremento desmesurado de los costos de la energía en la bolsa. En 2022, Air-e tuvo que asumir costos de $145 mil millones, pero esta cifra se disparó a $876 mil millones en 2023.

Tan solo en septiembre de 2023, la energía comprada en contratos ascendió a $176 mil millones, mientras que la adquirida en la bolsa alcanzó $211 mil millones. Los costos totales en la bolsa en septiembre de 2023 fueron un 1000 % superior a los de enero del mismo año, lo que refleja un incremento insostenible del 500 % en los últimos dos meses.

Otra fuente consultada por los medios de comunicación  aseguró que la situación financiera de Air-e no es un secreto porque la compañía, que suministra energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira, venía advirtiendo sobre la situación financiera producto de los altos costos de la energía, impulsados por un “mercado desbalanceado y volátil”, y un sistema que no permite la compra de energía “a unos precios justos”.

Como consecuencia de ello, las tarifas del servicio “han alcanzado niveles insostenibles” para la empresa y los mismos usuarios, que se vienen quejando por los altos costos del servicio.

La fuente también le dijo a este medio de comunicación que la situación financiera ha llevado a la empresa a solicitarle al Gobierno nacional la administración temporal de Air-e para garantizar el suministro de electricidad, que en palabras más sencillas significa la intervención de la compañía en su manejo administrativo.

Se  conoció que ante la gravedad de la situación financiera de Air-e, el pasado 30 de agosto se celebró una reunión urgente entre el presidente de la República y los representantes de la empresa. Posteriormente, el 2 de septiembre, la Secretaría Jurídica de la Presidencia también participó en las discusiones para buscar una solución inmediata.

El acuerdo alcanzado, de acuerdo con una fuente, estipula que el Gobierno asumirá temporalmente la administración de Air-e, con el fin de implementar medidas estructurales que permitan estabilizar el servicio y el mercado eléctrico en la región.   

La empresa Air-e ha dicho en anteriores ocasiones que a pesar de la crisis energética y los problemas de flujo de caja, ha demostrado capacidad de gestión durante los últimos 47 meses de operación. Además, que la empresa ha logrado avances significativos en la calidad del servicio de energía.

Expertos en temas energéticos como Amylkar Acosta, ex ministro de Minas y Energía, y Norman Alarcón, coordinador de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos en el Caribe, se pronunciaron sobre las posibles implicaciones que esto traería en la prestación del servicio en la región Caribe.

En ese sentido, Acosta sostuvo que esta situación ya había sido advertida por diferentes sectores. Para el experto en temas energéticos, una de las causas es porque sigue sin resolverse el tema de los saldos del componente de la opción tarifaria, aseguró.

Además, señaló Acosta, se le suma la tardanza por parte del Gobierno para cancelarle y reintegrarle a las empresas distribuidoras lo que ellas han asumido como costo por cuenta del reconocimiento del subsidio a los estratos 1,2 y 3.

“Esto está abocando a las empresas a una situación de dificultad financiera, que puede derivar en una situación de limitación de suministro de energía”, indicó.

Finalmente, lo que más le preocupa es que con una Comisión Reguladora de Energía y Gas (Creg) en una situación de interinidad no podría tomar decisiones en momentos de crisis como la que se está presentando.

A su turno, Norman Alarcón, coordinador de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos en el Caribe dijo que ante este anuncio “se requeriría una auditoría forense lo más pronto posible a la empresa Air-e”. Y agregó que además, Air-e ha recaudado casi toda la opción tarifaria que le aprobó el Gobierno, según Resolución 101 028 de noviembre de 2023. “Que ya ha recaudado $720.000 millones de un total de $850.000 millones en menos de un año”, sostuvo el líder de los usuarios.