Luego de que las Personerías de Puerto Rondón y Tame, departamento de Arauca, denunciaran que por lo menos 130 personas han sido desplazadas forzosamente por cuenta de la disputa que se ha desatado en los últimos días, en diálogo con La W, el general Walter Giraldo, comandante de la Octava División del Ejército Nacional, explicó la situación que se registra en esta zona del país por cuenta de la disputa entre ELN y las disidencias de las Farc por el control de las economías ilícitas.

Además, explicó que tras un Consejo Extraordinario de Seguridad se está confirmando la denuncia sobre el posible secuestro de 15 personas que permanecen desaparecidas.

“Se han venido registrando movimientos de estas estructuras que ha afectado a las comunidades de El Progreso, La Esmeralda, Lejanías y Normandía, cuando se tuvo conocimiento del posible secuestro de un líder y varias personas, se generaron mecanismos de búsqueda urgente, el Ejército ubicó tropas en estas veredas, buscando la forma que regresen a sus viviendas”.

“Al momento, con Fiscalía se están adelantando las búsquedas; la prioridad es que vuelvan. La información que tenemos es a través de un comunicado de una corporación. En estas zonas sucede que las familias se desplazan de un lado al otro y por eso se generan esas alertas, ningún grupo se ha adjudicado que los tengan, por eso se activó el mecanismo de búsqueda urgente con las Fuerzas Militares con todas sus capacidades (…) Están desaparecidos, no se ha podido tener comunicación con ellos, pero no hemos permitido la confrontación y el ELN está entrando a zonas de las disidencias Farc, eso genera temor en la población que es constreñida y por eso la gente se desplaza”.

Por último, el general Giraldo, quien está al frente de la situación en Arauca y coordinando el movimiento de tropas, añadió que “se ha generado una afectación a las redes de apoyo (…) durante los últimos años ha habido la confrontación y los desplazamientos del ELN ha generado el desplazamiento, el Ejército con todas sus capacidades está en estos municipios, ningún grupo se ha atribuido hasta el momento que tenga a las familias”.

Después de una nueva suspensión de la licitación por valor de 407 mil millones de pesos para llevar el servicio de internet a 3,082 escuelas en el país, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones ha tomado la determinación de revocar el acto de apertura del proceso, con lo que la licitación, por lo pronto, se cae.

El ministro, Mauricio Lizcano ha sostenido públicamente que en esta licitación se han respetado todas las normas de contratación estatal y no se afectó la igualdad o la libre concurrencia propias de estos procesos. Y que hay tres elementos que la diferencian de Centros Poblados: uno, no tener anticipo (se pagaba por escuela conectada); dos, velocidades de conexión mucho más rápidas; y, tres, que independientemente de la conexión de muchos estudiantes, la señal se mantiene.

A esta licitación se presentaron 14 uniones temporales y 25 empresas, a precios de mercado, con paso por SECOP II, es decir la herramienta digital que permite a las Entidades Estatales y los Proveedores gestionar los procesos de contratación pública en línea.

¿Qué dijo la Procuraduría?

Dentro del análisis de la Procuraduría, hay un punto específico que el Ministerio no comparte, pero atiende juiciosamente en respeto de los entes de control. ¿Qué sucedió? Faltando horas para que se cerrara la licitación, llegó una pregunta de una compañía al Ministerio que tiene que ver con los acces points (AP), los puntos de acceso en cada institución. Quien planteó la inquietud quería saber si eran necesarios dos AP, cada uno para 700 usuarios, o uno para 1.400.

El ministerio contestó de acuerdo a las informaciones contenidas en los pliegos. Según la Procuraduría, se trató de una respuesta extemporánea, porque en ese punto del proceso no se podían hacer adendas. El Ministerio considera que no se trata de una adenda, sino de una aclaración, mientras que el Ministerio Público considera que fue un cambio.

El Ministerio considera, entre otras cosas, que el punto de los AP no afectaba de manera alguna el orden de elegibilidad, o plantea riesgos en el proceso de selección, pues se trataba de una ínfima parte del monto del proceso.

El Ministerio se apresta a revocar el acto que abrió la licitación, como pide la Procuraduría, pero revelará al país que la licitación volverá a abrirse. Lo que está por definir es el asunto de las condiciones para quienes aspiren a licitar, porque habrá cambios en las condiciones: no se puede pagar lo mismo, por ejemplo, por una licitación que empezaba a ejecutarse a mitad de año, a una que terminará ejecutándose en el cuarto trimestre.