El Ministerio del Trabajo adoptó medidas contra General Motors, tal como lo anuncio el viceministro de Inspección y Relaciones Laborales, Edwin Palma.

Así las cosas, la principal orden se enfoca en que General Motors no podrá despedir y deberá mantener los puestos de trabajo de sus 600 trabajadores en su planta de Colmotores.

En el documento se puede leer textualmente:

“Ordenar a la sociedad General Motors – Colmotores S.A. identificada con NIT. 860.002.304 – 3 y a la sociedad Zona Franca Industrial Colmotores S.A.S. Zoficol S.A.S., identificado con NIT 900.416.386-9, mantener el vínculo laboral de la totalidad de los trabajadores objeto de la solicitud de Autorización para la clausura de labores total y de forma definitiva y en consecuencia el Despido Colectivo de los trabajadores, a saber: seiscientos (600) trabajadores de la planta de trabajo de la compañía General Motors – Colmotores S.A.,, y ciento veintiocho (128) trabajadores de la planta de trabajo de la compañía Zona Franca Industrial Colmotores S.A.S. Zoficol S.A.S., independientemente de que hayan suscrito Planes de Retiro”, explican.

Por otro lado, la cartera laboral también ordenó a General Motors abstenerse de iniciar o adelantar cualquier trámite administrativo en relación con su objeto social y las actividades económicas tendientes a reorganizarse, rediseñarse, liquidarse o disolverse hasta que no se adopte una decisión de fondo sobre el proceso investigativo que le inició el mismo ministerio por la forma en que realizó los despidos de sus empleados en días pasados y el trato que dio a los sindicatos en ese mismo proceso.

En el auto se puede leer textualmente “ordenar a la sociedad Zona Franca Industrial Colmotores S.A.S. Zoficol S.A.S., identificado con NIT 900.416.386-9, abstenerse de iniciar yo adelantar cualquier trámite administrativo ante la Cámara de Comercio y sus filiales, la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Transporte y la DIAN relacionados con su objeto social y las actividades económicas que desarrollan (CHU: 2930 y 8299), tendientes a reorganizarse, rediseñarse, liquidarse y/o disolverse, hasta tanto no se adopte una decisión de fondo dentro del expediente administrativo radicado bajo No. 11EE2024741100000017103 de fecha 26 de abril de 2024. (Autorización para la Clausura de labores total y de forma definitiva y en consecuencia el Despido Colectivo de los trabajadores)”.

Hasta el momento no se conoce respuesta de la compañía frente la información entregada.

Tras el acto de posesión realizado por el profesor Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional ante un notario público en Bogotá, con siete testigos particulares y sin la firma de los representantes del Gobierno y del Consejo Superior Universitario, la ministra de Educación, Aurora Vergara, anunció que no se estaba respetando la legalidad del proceso.

La situación se tornó compleja con la salida de Dolly Montoya de la rectoría el pasado 1 de mayo, dejando a la institución en un limbo administrativo.

Peña fue elegido como rector por el Consejo Superior Universitario (CSU), pero la ministra Aurora Vergara aún no ha firmado el acta de la sesión en la que resultó elegido ni el decreto que oficializa su nombramiento.

Aunque la designación de Peña fue realizada por el CSU, como estipulan los estatutos de la universidad, una parte de la comunidad universitaria está en desacuerdo con esta decisión. Consideran que el rector debió ser Leopoldo Múnera, ganador de una consulta realizada entre profesores, estudiantes y egresados.

Sin embargo, según los estatutos de la Universidad Nacional, el CSU es autónomo para elegir al rector entre los candidatos finalistas, y los resultados de la consulta no son vinculantes.

A pesar de esto, la ministra Vergara se ha negado a firmar el acta de la sesión y el decreto, argumentando que el acta actual no refleja adecuadamente la postura que ella habría asumido en la sesión del 21 de marzo que nombró a Peña como rector.

Esta situación marca un precedente, ya que sería la primera vez que un ministro no firma el acta y el decreto de posesión de un rector de la Universidad Nacional, generando incertidumbre sobre el futuro de la institución.

El comunicado del Ministerio de Educación rechaza tajantemente la posesión vía notaría, indicando que esta acción carece de validez legal y viola los estatutos de la universidad.

Aurora Vergara declaró: “Cualquier maniobra para la posesión del rector designado que no respete la legalidad y validez del procedimiento establecido debe ser rechazada”.

La cartera enfatizó que el acta notarial no consigna de manera íntegra y transparente las discusiones y votaciones que se dieron en la elección del rector, como lo exige el Acuerdo 019 de 2022. Se argumenta que los miembros del CSU pueden abstenerse de firmar el acta hasta que esta refleje todas las constancias de la votación y el debate.

Según el Ministerio, las demoras en la firma del acta se deben a la resistencia de la Secretaría General de la universidad para incorporar las observaciones del Ministerio, que buscan garantizar la transparencia en el proceso.

El comunicado concluye rechazando cualquier intento de posesión alternativa y subrayando la importancia de respetar los canales legales institucionales vigentes para garantizar la legalidad y democracia en el proceso de elección y posesión del rector de la Universidad Nacional. Además aseguran que el equipo jurídico del Ministerio ya radicó una tutela frente a la elección del Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional.