Trece funcionarios extranjeros del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU tienen hasta el domingo para salir de Venezuela, tras una orden, sin precedentes, del Gobierno, que incluye la suspensión de las actividades de su oficina en Caracas, poco después de que se cumpliera el primero de los dos años de prórroga concedidos a la presencia de este equipo en el país.
Venezuela “solicita que el personal adscrito a esta oficina abandone el país en las siguientes 72 horas hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la carta de las Naciones Unidas”, dijo el Ejecutivo, que revisará en 30 días «los términos de cooperación» con esta organización.
La decisión fue ampliamente rechazada por ONG, activistas y políticos de la oposición, y respaldada por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), controlada por el chavismo.
El porqué
El canciller Yván Gil explicó que la decisión responde al “impropio papel que esta institución ha desarrollado”, actuando con parcialidad y como el «bufete particular de los grupos golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país».
Esta oficina, con sede en Ginebra (Suiza) y establecida en Caracas desde septiembre de 2019, había manifestado el martes en X su «profunda preocupación» por la detención de la activista Rocío San Miguel, acusada por la Fiscalía de su supuesta vinculación a un plan terrorista para asesinar al mandatario Nicolás Maduro, y pidió su «liberación inmediata».
A juicio del Gobierno, la oficina ha mantenido, desde la firma de la carta de entendimiento, en 2019, una «postura claramente sesgada y parcializada, procurando constantemente impunidad para las personas involucradas en diversos intentos de magnicidio, golpes de Estado, conspiraciones y otros graves atentados contra la soberanía y la constitución».
Sin embargo, reiteró la «voluntad (del Ejecutivo) de seguir cooperando con los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos, siempre sobre la base del diálogo genuino».
El contexto
El Gobierno tomó esta decisión cuando es nuevamente objeto de críticas por parte de organizaciones y miembros de la sociedad civil venezolana y de varios países debido al caso de San Miguel, cuyo paradero, según las denuncias de la defensa, se desconoció durante cuatro días.
En su mensaje, la oficina del Alto Comisionado de DD.HH. aseguró que esto «podría calificar su detención como desaparición forzada».
Según consideraciones de diversas ONG, la orden del Gobierno deja en estado de «total vulnerabilidad e indefensión» a las víctimas de violaciones de garantías fundamentales.
El director de la organización Acceso a la Justicia, Ali Daniels, dijo a EFE que la «situación está empeorando en materia de desaparición forzada» debido a que «los lapsos se están ampliando» de «horas» a incluso «semanas».
En este sentido, el partido Vente Venezuela, liderado por la candidata de la principal coalición opositora a las presidenciales de este año, María Corina Machado, denunció este jueves que sus jefes regionales de campaña Juan Freites, Luis Camacaro y Guillermo López, detenidos en enero, tienen más de tres semanas «desaparecidos».
Estas detenciones, a las que se suman otras dos, según ONG y partidos antichavistas, ocurren después de que las autoridades informaran, en enero, del desmantelamiento de un plan que buscaba el magnicidio de Maduro, otro de los más de 20 denunciados por el Gobierno en la última década.
En diciembre, más de 60 ONG habían pedido a la ONU monitorear la situación de libertades democráticas y derechos humanos en el país y «pronunciarse oportunamente» sobre este asunto ante las venideras elecciones presidenciales, para cuando prevén un aumento de la «represión y persecución».
La respuesta
La ONG Fundaredes expresó su rechazo a la medida de suspensión de la oficina y la expulsión de sus miembros extranjeros, un hecho que -advirtió- «eleva el riesgo de cierre de los espacios cívicos, la persecución y hostigamiento a las organizaciones de la sociedad civil».
En este sentido, Encuentro, Justicia y Perdón (EJP) considera que «aumenta la desprotección de las víctimas», y la ONG Provea aseguró que la decisión «intenta impedir el escrutinio de los órganos internacionales de protección ante las graves violaciones de DD.HH. que se cometen a diario en el país».
A juicio de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), el principal bloque político opositor, la decisión «ratifica el carácter totalitario del régimen», que «no quiere la presencia activa de la comunidad internacional como testigos de las permanentes violaciones de DD.HH.» en el país.
Por el contrario, el Legislativo respaldó la decisión del Gobierno y felicitó al canciller «por haber expulsado a los felones, metiches (entremetidos)» de la oficina de la ONU, según expresó el presidente de la AN, el chavista Jorge Rodríguez, citado en una nota de prensa oficial.
Por su parte, la oficina de la ONU lamentó su suspensión en Caracas y evalúa los «pasos a seguir».
