En un accidente de tránsito ocurrido en carreteras del departamento del Cesar, perdió la vida la mañana de este martes, el exfubolista profesional Carlos Manuel Chiquillo Brochero.

El hecho se presentó cuando el ex futbolista, se movilizaba en una camioneta tipo platón en compañía de otro ciudadano identificado como Yesith Arnando Daza, quien también perdió la vida.

Chiquillo fue un exitoso jugador de fútbol del Atlético Cesar, y en la actualidad se dedicaba aparte de trabajar en una empresa privada, a conectar a jugadores nuevos con equipos del interior del país.

El Juzgado Séptimo (7°) Administrativo de Valledupar condenó, en primera instancia, al Departamento del Cesar y a la Clínica Integral de Emergencias Laura Daniela S.A, en forma solidaria, por los perjuicios causados a los demandantes como consecuencia del fallecimiento del niño Dominic Flórez Castrillo.

El menor es uno de los  dieciséis neonatos que murieron en dicho centro asistencial como consecuencia del suministro del medicamento surfactante pulmonar “Survanta”, el cual se encontraba vencido.

La sentencia condena a las dos entidades (departamento del Cesar y a la Clínica) a pagar cien salarios mínimos mensuales vigentes a cada padre, cincuenta salarios mínimos a los tres abuelos sobrevivientes y cincuenta salarios mínimos a cada uno de los tres hermanos, lo que da un total de 500 salarios mínimos, lo que equivale a más de 575 millones de pesos.

El abogado Luis Eduardo Avendaño, quien representó a las familias que sufrieron por la pérdidas de los menores, celebró el fallo indicando que hubo negligencia de parte y parte, refiriéndose a la clínica y a la Secretaria de Salud del departamento.

“Complacido con la justicia porque aparte del fallo, hay una orden de pedir excusas públicas, por parte de la clínica, y ordena publicar en un diario de alta circulación estas excusas” indicó el abogado.

Añadió que la Secretaria de Salud ha comenzado a hacer maniobra de pago, “hasta estaban pensando cambiarle el nombre a la clínica” acotó.

“Yo te lo diría como padre, como ciudadano a mí me daría miedo ingresar a esa clínica a un hijo mío” acotó el jurista al anunciar que el proceso por los 15 niños restantes, avanza por buen camino.

Por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo, fue condenado a una pena de 4 años y 6 meses, el exgobernador del departamento del Cesar, Rodrigo Canosa Guerrero.

La sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, ordenó además inhabilidad al exmandatario para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un lapso de 66 meses, 21 días.

Adicionalmente, se le impuso una multa correspondiente a 106,24 salarios mínimos mensuales legales vigentes que obedecen a una suma de $46.076.288 de pesos, que deberá cancelar a favor del Tesoro Nacional, Consejo Superior de la Judicatura.

Los hechos, ocurrieron cuando se desempeñaba como gobernador del Cesar, en el periodo entre el 26 de julio del año 2007 y el 20 de diciembre de ese mismo año.

En ese entonces, tramitó y celebró el convenio 449, que tenía como fin dotar de material biográfico a los centros educativos del Cesar.

Así como el convenio 500 de 2007, con las fundaciones Funarkgo ONG y la Administradora Pública Grupo APC, que debía equipar a las salas de informática de las sedes de educación básica primaria del sector oficial en el departamento.

De acuerdo con la sentencia condenatoria, estos dos convenios se realizaron sin que se certificara la experiencia e idoneidad de las entidades contratistas, violando los principios de transparencia, selección objetiva y responsabilidad de la contratación administrativa.

Contra estos hechos por los cuales fue juzgado y condenado procede el recurso de apelación.

Es de anotar, que el exdirigente deberá cumplir con la pena privativa de la libertad en su lugar de domicilio.

En plena vía pública de la calle 17 con carrera 6 del barrio El Carmen de Valledupar, quedó el cuerpo tendido de Javier Eduardo Molina Martínez, tras ser asesinado por un sujeto que se le acercó y pidió un cigarrillo, pero de manera sorpresiva sacó un arma de fuego y le disparó en el cuello.

Las autoridades han señalado que este asesinato podría estar relacionado con un ajuste de cuenta, debido a que el occiso era un reconocido vendedor de estupefacientes en el sector y que la venta de mekatos que tenía, era una fachada. También se determinó que registraba anotaciones judiciales por tráfico o porte de estupefacientes en 2009, 2019 y por amenazas en el 2017.

Testigos de los hechos indicaron que el sicario huyó a pie hacia la calle 17 A con carrera 4.

Entre tanto funcionarios de la Sijín de la Policía revisan las cámaras de seguridad del sector a fin de dar con las características del agresor y posterior identificación.