El hombre encontrado sin vida y cuyo cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición en un afluente en cercanías al antiguo puente colgante del Balneario Hurtado del río Guatapurí de Valledupar, fue identificado como Miguel Agresot Rodríguez, de 36 años, oriundo de Cartagena.

Asimismo se conoció que la víctima era sargento activo del Ejército Nacional.

Según el dictamen de Medicina Legal el occiso tenía varias puñaladas en el cuerpo. Sin embargo, los móviles y autores son materia de investigación.

Cabe señalar que este caso se registró el pasado lunes festivo cuando algunos visitantes del Balneario se percataron del cuerpo por lo que dieron aviso a las autoridades. Diferentes organismos de socorro junto a la Policía Nacional realizaron el levantamiento del cadáver.

La Fiscalía con apoyo del CTI y la Policía capturaron y judicializaron a dos presuntos integrantes de la organización ilegal La Sierra que delinque en Medellín (Antioquia).

Se trata de Sergio Andrés Henao Jaramillo, alias Cabezón, presunto cabecilla de la red criminal, desde 2021, y Juan Guillermo Londoño Román, alias Orejas, escolta del primero.

Las dos personas fueron capturadas por el Gaula de la Policía Nacional en vía pública de la capital antioqueña. El material de prueba aportado evidenció que Henao Jaramillo sería el responsable de establecer enlaces entre las estructuras criminales del Clan del Golfo en Urabá (Antioquia) y en Valledupar (Cesar).

Según la información en poder de la Fiscalía se establece que los procesados se encargaban de extorsionar a los propietarios de ferreterías, restaurantes, conductores de servicio público, trabajadores de la construcción, entre otros. Las acciones delictivas serían cometidas en los barrios La Sierra, Villa Turbay, Villa Lilián, Santa Lucía y Las Estancias, y en los sectores Alto Bonito, La Sequía, Guayaquilito, La Ramada, Tierra Dentro, Las Llantas, La Arenera, Chocito, Los Ranchos, de La Comuna 8 de Medellín.

Durante los procedimientos de captura a los investigados les fueron incautadas una camioneta, más de cinco millones de pesos en efectivo y celulares. La Fiscalía les imputó el delito de concierto para delinquir agravado, que no fue aceptado. El juez con función de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

Momentos de pánico vivieron las personas que se encontraban laborando en cercanías a la Estación de Servicios Libia Elena, más conocida como la bomba de “Ava”, cuando una buseta del Sistema Estratégico de Transporte Público de Valledupar, se incineró bajo la mirada de muchos ciudadanos que transitaban por el lugar. 

El hecho sucedió la tarde de este martes 8 de agosto a pocos metros de los surtidores de la estación de servicio; no obstante, Rubén ´Ava´ Carvajal, dijo que tanto los trabajadores de la empresa y el cuerpo de bomberos, atendieron de manera oportuna la emergencia.

Por fortuna el incendio no dejó personas lesionadas, pero la buseta sufrió pérdida total. Un corto circuito habría generado la conflagración.

Hasta el momento la gerente del Sistema Estratégico de Transporte Público de Valledupar, Katriza Morelli, no se ha pronunciado sobre este suceso que dejó como saldo la pérdida total de uno de los vehículos del SIVA.

La Procuraduría General de la Nación en segunda instancia confirmó la sanción de 14 años impuesta al exalcalde de Bucaramanga, y excandidato presidencial Rodolfo Hernández Suárez.

El ente de control encontró probado que:

• Su interés indebido en el proceso de selección destinado a la asignación del contratopara el aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos a la unión temporal Vitalogic RSU que, de resultar contratada, le daría beneficios económicos a su hijo.
• La delegada disciplinaria de juzgamiento 2 estableció que el exmandatario tuvo contacto directo con los representantes de la tecnología que se iba a implementar,a quienes entregó información privilegiada sobre los elementos que debían tener en cuenta para hacer viable la adjudicación del negocio jurídico, lo que les daba ventaja sobre sus eventuales competidores en el proceso de selección
• Se reunió en Bogotá con emisarios de la compañía, no como un acto de cortesía para oír propuestas, sino para conocer como se había estructurado el proyecto que previamente había solicitado, y en ella se acordó designar la persona que elaboraría los términos que permitieran que la citada firma contratista fuera la seleccionada.
• También concluyó que el exalcalde adelantó acciones destinadas a coaccionar al director jurídico de la Empresa de Aseo de Bucaramanga (EMAB),a quien instó a omitir las reglas de contratación y el manual existente para lograr que se formalizara el negocio de basuras.

Y además le impuso una suspensión e inhabilidad especial de cuatro meses, al hallarlo responsable de tratar en términos irrespetuosos y desobligantes a un veedor ciudadano, durante una actividad pública realizada en el parque Solón Wilches, en la capital de Santander.

La Procuraduría señaló que no hay ninguna duda sobre las palabras usadas por el entonces alcalde contra el veedor Fernando Martínez Arenas, al responderle un reclamo por la poda de árboles que adelantaban funcionarios de la Empresa Municipal de Aseo en ese espacio, el 26 de octubre de 2018.

Para el Ministerio Público, el procesado tenía el deber de tratar con respeto a la ciudadanía, pues es un requisito que resulta especialmente exigible a los servidores públicos, “en virtud del principio de responsabilidad contemplado en nuestra Constitución y porque se encuentran al servicio del Estado y la comunidad”, precisó.

Resaltó que cualquier persona puede dirigirse a la autoridad para pedir, controlar y controvertir las decisiones por ellos adoptadas, y estas tienen el deber de resolver con respeto esas peticiones, sin recurrir a dinámicas como la de atentar contra la dignidad, insultar o menospreciar.

El órgano de control señaló que, además, el “disciplinable era consciente de que no tratar con respeto a otros con ocasión al servicio constituye falta disciplinaria, al punto que ha estado vinculado a otras investigaciones por situaciones fácticas similares”.

Al no estar desempeñando el cargo, la sanción impuesta a Hernández Suárez se convierte en salarios mensuales devengados al momento de cometer la falta, que equivalen a un poco más de 62 millones de pesos.