El Presidente Gustavo Petro arremetió nuevamente contra Drummond y Glencore, dos multinacionales mineras, por la explotación del carbón en el país y su exportación hacia Israel.

Aseguró que ninguna de las dos compañías han querido «renegociar» con el Gobierno y por eso «van a la quiebra porque tampoco les voy a permitir que vendan en Israel para matar niños”.

Colombia era el principal comprador de carbón colombiano en Oriente Medio, aunque en 2023 apenas representó el 5,05 % del total exportado.

En su extensa alocución, el mandatario sostuvo que el «mercado mundial del carbón se está acabando».

«La energía del futuro no está en el carbón, que ya no tiene mercado», aseguró al advertir que Colombia debe anticiparse al colapso de la demanda global por este mineral.

Las afirmaciones de Petro surgen cuando el país vive un paro minero en Boyacá porque los trabajadores de este sector exigen reactivar esas ventas y frenar lo que consideran una transición energética «injusta«.

Quieren que se aclaren los términos de la transición energética, se aceleren los procesos de formalización minera, se paguen deudas a proveedores y reactiven la exportación de carbón térmico y metalúrgico, sectores que consideran amenazados por las políticas ambientales actuales.

Las vías de ese departamento han sido bloqueadas hasta llegar a una solución, sin embargo, hoy el Ministerio de Ambiente se quedó sin titular, puesto que Lena Estrada presentó su renuncia, la cual ya fue aceptada por Petro.

El Tribunal Superior de Bogotá rechazó la solicitud que hizo la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez de suspender provisionalmente la prisión domiciliaria ordenada por la juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia Aranda, en un fallo emitido el pasado viernes 1.º de agosto.

En el auto expedido por el magistrado Leonel Rogeles Moreno, de la Sala Penal, se establece que:

“PRIMERO: NO DECRETAR la medida provisional solicitada por el apoderado del ciudadano Álvaro Uribe Vélez.

SEGUNDO: COMUNICAR al accionante y a su apoderado esta decisión por el medio más expedito y eficaz, y ADVERTIR que en su contra no proceden recursos”.

“La medida cautelar no cumple los estándares de urgencia, necesidad, [e] impostergabilidad, requisitos sine qua non para que, en estos casos, el juez constitucional intervenga desde el inicio del trámite de la tutela, en la forma antes pretendida”, se lee en el auto expedido por el Tribunal Superior de Bogotá.

En la decisión se advierte que “no están constituidos los elementos de juicio suficientes para tomar una decisión de esa naturaleza, además, porque este pedimento es el mismo que se procura con el fallo constitucional”.

También se aclara, por parte del magistrado Rogeles Moreno, que las sentencias de los jueces son consideradas como correctas.

“Es importante recordar que las decisiones de los jueces gozan de la presunción de acierto y legalidad, hasta tanto en las instancias superiores se determine lo contrario. Ello permite garantizar la seguridad jurídica, su respeto y cumplimiento, como garantía de los postulados de los artículos 29 y 229 de la Carta Política”, indican apartes de la decisión.

El magistrado aclaró que no se halló ninguna irregularidad en la decisión de la jueza Heredia Aranda.

“No existen motivos para que, en este estadio del proceso de tutela, se suspenda la orden dictada por la autoridad judicial accionada; máxime que, salvo la inconformidad del actor con la decisión judicial, por el momento ninguna irregularidad se advierte que sea del calado necesario para estimar una afectación relevante a los derechos fundamentales del prenombrado; máxime que la decisión que por este medio se ataca, por lo menos en principio, tiene respaldo en el artículo 450 del C.P.P.”

Entre tanto, se avanzará con el estudio formal de la tutela interpuesta por el abogado Jaime Granados, defensor del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

“SE ASUME el conocimiento de la acción de tutela instaurada por el ciudadano Álvaro Uribe Vélez, a través de apoderado, contra el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá”, señala el segundo auto emitido por el magistrado Leonel Rogeles Moreno, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.

En ese sentido, se notificó a las partes intervinientes y se les otorgó un día para entregar las pruebas que consideren necesarias para responder a la tutela de la defensa del exmandatario.

“A efecto de garantizar el ejercicio del derecho de defensa, por secretaría comuníquese esta decisión a las entidades demandada[s] y vinculadas; remítaseles copia de la tutela para que manifiesten lo que estimen pertinente y aporten las pruebas que consideren necesarias, para lo cual se les concede el término de un (1) día a partir del momento en que reciban la respectiva comunicación”, señaló el magistrado Rogeles Moreno.

La Dignidad Agropecuaria denunció que “por una porción de los adquirientes del arroz paddy verde” se está ejecutando un “mecanismo extraño” con el cual se está eludiendo la resolución y medida que se adoptó en el reciente paro arrocero para regular los precios del arroz verde paddy.

La denuncia realizada señaló que algunos integrantes de la industria molinera del cereal “en lugar de adquirir a los precios de la resolución 000241 el arroz a los productores, generan un contrato de oferta de servicios de secamiento y almacenamiento de arroz paddy verde y/o seco que conlleva al incumplimiento, ya señalado”.

Seguido a esto, el movimiento campesino que fue uno de los principales negociadores ante el Gobierno Nacional en el paro arrocero que finalizó el pasado, 24 de julio, aseguró que lo denunciado está poniendo en una difícil condición a los productores del arroz nuevamente.

Agregó: “Esta actitud pone en muy difícil condición a los productores -en cuanto a la venta de su arroz- ya que, una vez secado, limpio de impurezas y almacenado, no solo les cobran ese proceso sino que, además, les ofrecen una oferta de compra a precios de arroz paddy seco -que no está definido ni regulado y que se regirá por la oferta y demanda -que en realidad no existe por la presencia de un monopsonio en el mercado- llevando, nuevamente, a los productores a vender el paddy seco a precios por debajo de los precios que ganaron y acordaron con el Ministerio de Agricultura”.

Finalmente, la Dignidad Agropecuaria hizo un llamado a los actores de la industria molinera que no quieren presuntamente acogerse a la resolución de regulación de precios del arroz verde paddy para que respeten el acuerdo logrado en el pasado paro.

Se debe decir, que el movimiento campesino no señaló con nombres o exactitud quienes están incumpliendo la medida.