Uribe Turbay sigue hospitalizado después de una semana de haber sufrido un atentado contra su vida en medio de un mitin político. A la fecha, al político se le trataron sus heridas en la parte superior del cuerpo y en su muslo izquierdo, donde fue impactado.

Además, se le operó neurológicamente momentos después del atentado para tratar las heridas provocadas por el disparo que le fue propinado.

A lo largo de estos días, en el senador se ha encontrado avances en cuanto a su estado de salud, según lo informado por la Fundación Santa Fe, clínica que ha realizado gran parte de los procedimientos para estabilizar la situación médica del precandidato. Por ejemplo, al cuarto día se presentaron, “indicios de mejoría dada por una disminución en el edema cerebral”.

Por otro lado, se ha confirmado por Caracol Radio que el senador se encuentra en el tercer piso sin más pacientes a su alrededor para evitar que contraiga una infección. Además, solo su papá, Miguel Uribe Londoño, y su esposa, María Claudia Tarazona, está autorizado para ver al precandidato.

En el parte médico más reciente, se informó que se le realizó un procedimiento médico adicional. Siga leyendo el detalle del nuevo parte médico de Miguel Uribe Turbay dado por la Fundación Santa Fe.

Reporte médico de Miguel Uribe, según comunicado oficial

Aunque se reportó en las últimas horas que el estado de Uribe seguía siendo crítico con pronóstico neurológico reservado. Hay que recordar que fue sometido a una cirugía complementaria al procedimiento inicial, en la Fundación Santa Fe de Bogotá, ubicada en el norte de la ciudad.

Según el último comunicado de la Fundación Santa Fe de Bogotá, por solicitud de la familia, “el paciente Miguel Uribe Turbay requirió traslado hace unos minutos a salas de cirugía para intervención neuroquirúrgica de urgencia por evidencia clínica e imagenológica de sangrada intracerebral agudo”.

Pocos días después de haber sido designado como ministro de Justicia, Eduardo Montealegre reveló una polémica iniciativa que se viene cocinando en el Gobierno: la Asamblea Nacional Constituyente.

El ministro argumentó en diálogo con Blu Radio que “hay instituciones en la Constitución del 91 que se están convirtiendo en un obstáculo para el cambio social”.

“Yo creo que después de 30 años de experiencia, ya nos ha demostrado que hay instituciones en la Constitución del 91 que se están convirtiendo en un obstáculo para el cambio social y que necesitan un rediseño profundo”, afirmó el ministro designado en la mencionada emisora.

¿Cuál sería el modelo propuesto para la Asamblea Nacional Constituyente?

Desde ya, el ministro Montealegre dio las líneas de cómo sería el proceso para convocar la constituyente.

Por un lado, señaló que el presidente Petro ha venido hablando de proceso constituyente, más no de Asamblea Nacional Constituyente. De acuerdo con él, solo hasta ayer (miércoles) desde Cali, el jefe de Estado se refirió a esta figura, pero con una característica particular: la iniciativa popular.

“El presidente dijo ayer : es necesario convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Yo estoy en serio en la constituyente hace muchos meses”, detalló Montealegre.

En ese sentido agregó que “el presidente ha venido hablando de proceso constituyente, hasta hace poco, no de asamblea constituyente, de que la ciudadanía empezara a pronunciarse con una movilización social para hacer reformas a la Consititución, pero ayer habló de Asamblea, con una característica de iniciativa popular. Esto para que no crean que hay ruptura institucional”.

Al respecto explicó que “una constituyente solo se convoca por ley del Congreso y eso va a control constitucional y el pueblo vota si la convoca o no, pero sucede que como esto es a través de una ley de la república, los mecanismos de participación ciudadana presentan la posibilidad de que existan iniciativas legales de origen popular”.

Afirmó que este debate se ha venido discutiendo desde hace varios meses “por bases sociales que, a pesar de la postura del presidente de que no iba a convocar la asamblea, el pueblo y organizaciones sociales, en las cuales yo he estado, desde hace mucho tiempo vienen planteando una constituyente, y ese es el camino”.

Sobre la promesa que escribió sobre piedra en 2018 el presidente Petro, cuando era candidato, afirmando que no iba a convocar una asamblea constituyente, el ministro Montealegre aseguró que “las condiciones del país cambiaron totalmente y en este momento hay que convocar una asamblea constituyente con iniciativa popular”.

“No necesitaría pasar por el Congreso”

Sobre los detalles del proceso, el ministro de Justicia sostuvo que esta convocatoria no necesitaría tener el concepto del Congreso, sino únicamente de la Corte.

Argumentó que no sería una iniciativa legislativa, sino popular respaldada por ocho millones de firmas, como lo mencionó el presidente Petro ayer miércoles desde Cali.

“Cuando hay un 20% de firmas frente al censo (ocho millones de firmas), ese proyecto de ley es vinculante para el Congreso de la República, que no podría negarse a convocar la constituyente, osea que sí es la fuerza popular, independientemente de lo que piense el Congreso, yo considero que cuando existen ocho millones de firmas de una iniciativa legislativa, ese proyecto de ley no necesitaría pasar por el Congreso, sino que ese va a directamente a control constitucional de la Corte y la Corte decide”, sostuvo el ministro.

Vale mencionar que, en diálogo con CNN, el presidente Petro afirmó que si la Corte tumba la convocatoria a la consulta popular, el pueblo en elecciones pedirá “masivamente” la Asamblea Nacional Constituyente.

“Si se cae la corte, se recogerán 8 millones de firmas del pueblo colombiano para volver a presentar la consulta. Y si se vuelven a burlar de la consulta, entonces ya no queda otro mecanismo que un pueblo que en elecciones masivamente pida a la Asamblea Nacional Constituyente. Que no me beneficia a mí, porque para esa época yo ya estaré terminando mi mandato”, señaló el jefe de Estado.

Recientemente, el ministro del Interior, Armando Benedetti, descartó que el Gobierno nacional vaya a buscar una constituyente en caso de que sea negada la consulta popular y la reforma laboral no pase el trámite en el Congreso.

“No, eso está descartado. Vamos por la consulta y los derechos de los trabajadores”, aseguró.

La sociedad Concesiones y Construcciones CONCISA S.A.S., interpuso una demanda contra el Estado colombiano por $464.921 millones, argumentando que fue injustamente excluida del proceso de licitación para la construcción de la Ruta del Sol III en 2010.

Alegaba que su oferta era la más económica, pero la Agencia Nacional de Infraestructura  ANI- la descalificó por no cumplir con los requisitos financieros, específicamente la verificación del cupo de crédito.

A pesar de haber presentado la demanda ante instancias judiciales, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y posteriormente el Consejo de Estado rechazaron sus pretensiones.

El Consejo de Estado, en su decisión final, enfatizó que CONCISA S.A.S. no logró demostrar el cumplimiento de los requisitos financieros exigidos en el pliego de condiciones.

Esta decisión confirma la legalidad del proceso de selección llevado a cabo por la ANI y representa una victoria para el Estado colombiano, evitando el pago de la millonaria indemnización reclamada.

La intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado -ANDJE-, fue clave para ganar el pleito jurídico.

El director de la entidad que defiende los intereses de la Nación, César Palomino Cortés, expresó: “detrás de cada proceso hay un trabajo técnico y riguroso que busca lo esencial: defender al Estado con argumentos sólidos y decisiones responsables. Este caso refleja cómo, cuando las entidades trabajamos de forma articulada, logramos proteger recursos que son de todos los colombianos”.