El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, confirmó que el recorte al Presupuesto General de la Nación (PGN) en el 2024 será de $28,4 billones. Esto debido al desfinanciamiento del mismo por el bajo recaudo de este año. El monto recortado equivale a un 5,6 % del total del presupuesto aprobado para el año.

De esta cifra se puede destacar que es menor que la que el jefe de la cartera propuso hace varias semanas, en el que señaló un recorte presupuestal de $33 billones. Esta última no se tuvo en cuenta por parte del Consejo de Ministros, quien llevó a cabo dicha reunión para decidir cuál era el recorte de este año.

Este recorte contempla tanto los $20 billones del aplazamiento presupuestal anunciado en mayo, así como $8,4 billones adicionales que surgen como resultado del análisis de la situación económica actual de la Nación.

Varios expertos consultados por los medios recalcaron que esta medida, pese a ser buena, es insuficiente si se tiene como objetivo cumplir la regla fiscal.

De acuerdo con José Manuel Restrepo, ex ministro de Hacienda y actual rector de la Universidad EIA, el mismo Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) ha señalado que el ajuste debía ser de hasta $56 billones, o sea, del doble para tener la plena certeza del cumplimiento de la regla fiscal.

“Creo que es una buena decisión, pero insuficiente”, manifestó José Manuel Restrepo.

Cesar Pabón, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, dijo que, aunque este anuncio refleja un compromiso positivo con el cumplimiento de la regla fiscal, sigue siendo insuficiente frente a la caída total en el recaudo observada en lo corrido del año respecto a lo presupuestado inicialmente.

Por su parte, el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, sostuvo que la única salida sería que la subejecución del presupuesto permita tener un margen adicional para acomodar la insuficiencia en el tamaño del recorte y los menores ingresos por concepto de recaudo tributario en lo corrido del año.

“Sin embargo, esto es insuficiente para garantizar el cumplimiento de la regla en 2024, entre otras razones, porque el recaudo está cerca de $9 billones por debajo de la meta ajustada a la baja a mediados del año”, dijo Mejía.

Henry Amorocho, profesor de Hacienda Pública de la Universidad del Rosario, sostuvo que este recorte reducirá los gastos, y que esto, de buenas maneras, ayudará a atenuar un poco el precio del dólar que ha tenido una alta volatilidad, en especial durante los meses de octubre y noviembre.

“Creo que también es bueno capitalizar que Colombia, con una noticia formal, con un decreto que está en trámite de reducción del gasto, desde luego inicia con bastante fortaleza el acercarse al cumplimiento de la regla fiscal. Sin embargo, el Gobierno, a mi parecer, no descartará otro recorte al presupuesto para seguir cumpliendo la regla fiscal”, dijo Amorocho.

Los riesgos

José Manuel Restrepo le explicó a este medio es que el riesgo principal sea el de incumplir la regla fiscal, y fruto de ello, puede haber complicaciones para la economía colombiana.

“Las consecuencias de eso puede ser el aumento de la prima de riesgo país, el alza del costo de financiamiento público y privado, y el aumento en la tasa de cambio”, recalcó Restrepo.

En el rubro de funcionamiento, se recortarán $18,2 billones. Los sectores que tendrán mayores disminuciones en esa área son Hacienda con $11,8 billones, Trabajo con $3,9 billones, Defensa con $606.000 millones, Rama Judicial con $452.000 millones y Fiscalía con $347.000 millones.

Con respecto a la inversión, se hará un recorte de $10,1 billones que estará liderado por el sector de Inclusión Social y Reconciliación con $1,8 billones, seguido de Hacienda con $1,7 billones, Transporte con $1,4 billones, Agricultura con $1,2 billones y Vivienda con $647.000 millones.

El Gobierno y la ahora llamada Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, agrupación disidente que se separó de ‘Iván Márquez’, anunciaron el relanzamiento del proceso de paz con agenda propia y protocolos de negociación.

De acuerdo con los jefes negociadores Armando Novoa y Walter Mendoza (quien en el pasado hizo parte de los diálogos de La Habana con las antiguas Farc) la nueva agenda del proceso de diálogos que arranca tendrá cinco puntos.

El primer punto serán las transformaciones territoriales, el segundo la seguridad en los territorios y para las comunidades. El tercer punto de la agenda de negociación serán las medidas y rutas de seguridad jurídica para los integrantes de estos grupos armados.

El cuarto punto que será abordado en la mesa de conversaciones será la participación política una vez entreguen las armas y se reincorporen a la vida civil (Walter Mendoza dijo que no le desvela que les den curules).

El último de los puntos de la agenda de negociación será el Mecanismo de Seguimiento y Verificación al Cumplimiento de los Acuerdos. Según el jefe negociador del grupo armado ilegal, Walter Mendoza, aspiran a llegar a acuerdos, por lo menos mínimo al final del Gobierno del presidente Petro.

“Ojalá logremos en lo que queda de este gobierno firmar unos acuerdos mínimos que nos lleven a la consolidación de la paz y la democracia verdadera” aseguró Mendoza.

En materia de protocolos para la negociación se establecieron cuatro: funcionamiento de la mesa, extracción y retorno de las delegaciones cuando haya reuniones fuera de sus zonas de influencia, posible ruptura y garantías de seguridad para los negociadores.

De acuerdo con lo indicado por las dos delegaciones, se llevará a cabo una reunión preparatoria en Puerto Asís el próximo fin de semana en la que se haga una presentación del proceso ante las comunidades.

Asimismo, se espera que a mediados de diciembre se lleven a cabo reuniones entre las dos delegaciones en la ciudad de Pasto, en una especie de nuevo ciclo de conversaciones.

Adicionalmente, Armando Novoa indicó que el gobierno tiene disposición a continuar dialogando por aparte con “Iván Márquez” si muestra voluntad de paz.